Un exabrupto

Pues hasta esa esfera llegó la indignación y la respuesta: ahora investigan penalmente, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión, a quienes diseñaron dicha decisión. ¡Por favor! ¿No les da vergüenza a los denunciantes con el país entero? Pues al parecer no. El representante Constantino Rodríguez dice que hay serios indicios de que el alto tribunal violó el ordenamiento jurídico.

Juan Carlos Henao, uno de los conjueces, expresidente de la Corte Constitucional, aclaró la cosa con bastante simplicidad: “tengo perfectamente claro en mi cabeza por qué sacamos ese fallo. Que eso haya perjudicado a personas que tenían pensiones de 30 millones de pesos mensuales y ahora se les reduce a 25 salarios mínimos, pues uno entiende que es un golpe duro en términos económicos”. Es cierto.

Mucho más allá de las razones jurídicas que puedan exponerse, y de la habilidad que tengan las partes de este entuerto para torcerle el pescuezo a la ley y lucir vencedores en su argumentación, lo que yace de fondo, finalmente, es la equidad. Y por eso es que el fallo de la Corte Constitucional fue oportuno: acabó con una situación insostenible financieramente que, además, llevaba en su entraña una injusticia.

No de otro modo se pueden calificar las millonarias pensiones de excongresistas y exmagistrados de las altas cortes. Para no enredarnos en los vericuetos de la ley, expondremos de manera sencilla cuál era el problema. Las jubilaciones están hechas para que los ciudadanos, en su vejez, puedan tener un nivel de vida similar al que ostentaron en la época en que trabajaban. Para ello cotizan a lo largo de su vida sobre su salario. Pero si fueron por unos meses congresistas o magistrados recibían, por obra de más torceduras de pescuezo del derecho, una pensión que no fue construida sobre la base de su salario real: la bicoca de 30 millones de pesos, como denunció el exmagistrado Henao.

Eso quiere decir, a grandes rasgos, que no fueron ellos, sino la sociedad entera, quienes pagaron su pensión extraordinaria. Un subsidio se justifica tratándose de personas pobres a las que la toda la ciudadanía, a través de sus aportes, quiera asegurarles un mínimo digno de dinero para su vejez. ¿Pero a los poderosos? ¿A cuenta de qué la sociedad debe darle un subsidio a los más ricos de este país? ¿Por la calidad de funcionarios públicos? Al contrario. Queda muy mal, además, que sean los que hacen las leyes y los que las ejecutan quienes tengan privilegios legales desorbitados, como los que la Corte Constitucional anuló.

Enhorabuena ese fallo. Y muy mal que ahora se les investigue a los magistrados por haber cometido un delito, cuando lo que hicieron fue ajustar unas cuentas que no cuadraban. Y que daban al traste con principios jurídicos y éticos insoslayables. Es el colmo, realmente.