Un fenómeno despreciable

Algunos dirán que ‘dio papaya’. Pero ese razonamiento se vuelve absurdo cuando uno analiza el contexto más general: si bien Bogotá sigue siendo –a pesar de los aparentes avances en términos de reducción de tasas de homicidio – una ciudad en la que hay que tener cuidado, Gómez fue la víctima, no el victimario. El ciudadano ultrajado, que cumplía con sus deberes, era él. A esos ladrones es a quienes les cabe, por hondas razones, toda la culpa del hecho. Decir que las personas ‘deben cuidarse’, cuando suceden hechos como éstos, es casi una justificación del delito. Es algo inaceptable. Es increíble que en pleno siglo XXI uno no pueda caminar tranquilamente por el barrio donde vive, sea donde sea y a la hora que le plazca.

Y claro, los medios, la Policía, los gobiernos, distrital y nacional, han salido ahora a publicitar los arrestos de los ladrones de celulares. Eso, claro, no sirve para nada. Un mercado (así sea ilegal) se rige por estrictas normas de demanda y oferta: siempre que haya gente dispuesta a comprar un celular más barato que el que venden en los almacenes, habrá ladrones dispuestos a conseguirlos. Cueste lo que cueste. Así sea la vida de una persona. Por obvias razones, esto en parte es un llamado a que las personas no reproduzcan este mercado y no compren más celulares robados. No necesitamos que un mercado negro se sustente con la sangre de los colombianos.

Por otra parte está la oferta: ¿hasta cuándo tendremos en nuestras narices esos negocios de celulares robados? Parecen un virus que se expande: están en las calles, en los almacenes, en sitios camuflados como negocios lícitos, restaurantes o tiendas de discos. Porque lo de la mafia de los celulares no es nuevo: se sabe que en el país existen redes que comercializan estos productos y en algunas ocasiones los vuelven material de exportación. No es jugando, pues, la cosa.

Sobre todo cuando muchos candidatos que hoy ocupan cargos públicos se encargaron de denunciarlos: contando entre ellos al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hace ya un año que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones lanzaba la “gran alianza” para combatir este tipo de robos. Contaba entonces con la ayuda del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Presidencia de la República, los operadores y los fabricantes. Todo como respuesta —igual que ahora— al crimen de un capellán de la Universidad Minuto de Dios. ¿Los resultados? Bueno, parecen estar a la vista.

Ahora, las alarmas parecieron prenderse, de nuevo, por un acto que causó indignación: el martes la Dian, con efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera se fueron por Bogotá realizando redadas a 200 locales. Pero esto no sólo sucede en Bogotá: en Medellín también, en Barranquilla también, en Cali también. “Quizá no estamos haciendo lo suficiente, quizá tenemos que seguir siendo más efectivos”, dice el general Rodolfo Palomino. Y sí, no se hace lo suficiente. Por algo la muerte de Juan Guillermo, pese a la indignación, no tomó por sorpresa a nadie.

Es obvio que ahora van a salir proyectos de ley, nuevos anuncios, nuevos decretos, nuevas alianzas. En un país como Colombia eso es lo más predecible. Legislar sobre una materia es la actividad favorita de los hacedores de políticas públicas: les funciona a nivel simbólico. Pero ya va siendo hora de que, por un lado, los ciudadanos no activen más celulares robados y no incentiven más al crimen. Y que los gobiernos locales y nacional, tomen por los cuernos un problema que se les está saliendo de las manos.