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El Congreso tiene una oportunidad histórica de ayudar a mejorar la salud de los colombianos, especialmente la de niños, niñas y adolescentes. Si le da un último y necesario empujón a la Ley de Comida Chatarra, los paquetes de estos alimentos serán mucho más claros en sus advertencias. Las expertas han indicado que se trata de una medida que sí ayuda a reducir el consumo, mejorar la dieta y, ante todo, darles más capacidad de decisión a quienes consumen estos productos. Si, por el contrario, se deja pasar el poco tiempo que tenemos para la aprobación y se hunde, será un fracaso más del Legislativo ante el país.
Partamos del problema. El 21,5 % de los hogares colombianos consumen alimentos ultraprocesados. Hay una cultura desarrollada en torno a ellos, con especial prevalencia en niños, niñas y adolescentes. Los efectos son muy dañinos. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 44 % de las muertes en el continente se deben a dietas poco saludables. Entre ellas, en Colombia, se encuentra la comida chatarra.
No se trata, hay que ser claros, de satanizar a las empresas ni la libre elección que tienen los colombianos. En este debate los aportes de la industria han sido significativos. Lo importante es reconocer que los valores nutricionales que tienen los paquetes actuales son difíciles de entender, lo que lleva a que las personas los ignoren. Muchos colombianos terminan no sabiendo qué están comiendo y eso afecta directamente su salud.
El mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló en El Espectador sobre la importancia de tener mejores señales de alerta: “Lo que la sociedad colombiana merece es un etiquetado claro, concreto, que muestre efectivamente los riesgos y las características de los productos. Esto contribuye a las familias, a la industria y a veces hay un debate inane sobre un tema que no debería generar tanta controversia, sino tener la generosidad de proteger a nuestra población infantil”. La Organización Panamericana de la Salud agrega que “las advertencias nutricionales en el frente de los envases de los alimentos que advierten del contenido excesivo en grasas, azúcares y sal son la mejor manera de ayudar a las personas a evitar compras no saludables”.
Entonces: si la ciencia está de acuerdo, si los beneficios son evidentes, si modificar los empaques no afecta las libertades individuales ni se trata de una cacería contra las empresas que producen los alimentos, no hay motivos para que el Congreso deje pasar esta oportunidad.
El sobrepeso y la obesidad son retos de salud que se convierten en asesinos silenciosos. El rol del Estado, en colaboración con la empresa privada, es dar más información y especialmente fomentar buenas prácticas. Las etiquetas más claras no van a obligar a que las personas dejen de comprar los alimentos, pero sí a que las decisiones sean mucho más conscientes.
En últimas, se trata de una medida que beneficia a todos. Si logramos que las dietas de los colombianos sean cada vez más saludables, le quitamos presión al sistema de salud y mejoramos la calidad de vida. Por eso el proyecto es urgente. El Congreso debe actuar de forma vehemente para aprobarlo.
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