Un (súper) gerente para el Pacífico

Mediante un lacónico trino desde la cuenta oficial en Twitter del Ministerio de Salud, el pasado jueves, 14 de mayo, el Gobierno nacional anunció “la decisión de designar una gerencia especial de COVID-19 para el Pacífico colombiano”. No hay duda de las bondades de esta determinación, en el convencimiento que tenemos de que el manejo de esta pandemia no puede seguir una lógica general y desde el centro para todo el país, sin tomar en cuenta las particularidades regionales de una nación tan diversa. En lo que sí quedan muchas dudas , empero, es en por qué se eludieron por tanto tiempo los llamados a intervenir con proyectos específicos para esta región tan vulnerable y, por lo mismo, en si ahora dicha intervención llegará muy tarde, pues el COVID-19 ya ha tomado mucha ventaja.

El anuncio del Ministerio de Salud llegó en paralelo con la realización de una sesión virtual de la Comisión Primera del Senado, en la que se evaluó la situación de las regiones más afectadas por el COVID-19, en particular la Amazonia y el Pacífico. Pero las advertencias sobre lo que iba a suceder en esta última región vienen de tiempo atrás. El 27 de marzo, el director de la Asociación de Alcaldes de Municipios con Población Afro (Amunafro), Óscar Gamboa Zúñiga, invitó públicamente al presidente Duque a que observara las realidades de esos municipios y sugirió conformar lo que él llamó “una coordinación específica para estas regiones, que ayude a afinar la atención buscando efectividad e impacto”, para enfrentar la pandemia, que apenas comenzaba en Colombia. Ese mismo día, Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y exgobernador del Chocó, apoyó ese llamado. Gobernadores, parlamentarios y diversas expresiones organizativas afrocolombianas se sumaron en los días siguientes a la petición.

Para esa fecha, hace casi dos meses, aún no se presentaban casos de contagio en el Pacífico y, quizá, con una buena estrategia bajo la coordinación solicitada, se hubiera podido controlar la llegada del virus. Hoy, cuando ya el problema se creció y se agrava cada día, llega el anuncio de una creación de una gerencia para la región. Las preguntas que surgen son obvias: ¿qué puede hacer una gerencia cuando el problema ha tomado tal ventaja? ¿Cuál será el papel del gerente que se nombre? ¿Tratar de apagar el incendio? ¿Con qué instrumentos va a contar? Cuando se requieran, de urgencia, camas, ventiladores y demás insumos médicos, por ejemplo, ¿lo atenderán y le responderán las otras entidades del Estado con la diligencia y prontitud que se requiere para enfrentar el problema en municipios que, como estos, viven en precarias condiciones con o sin pandemia?

Para recuperar en algo el tiempo perdido se requiere entonces que quien asuma esta gerencia no sea apenas un actor decorativo. Se necesita no un gerente, sino un supergerente. Alguien que llegue apoyado con políticas públicas que lo respalden, cuya concepción sirva, claro, para enfrentar hoy la crisis del COVID-19, pero también para responder a las terribles consecuencias que este dejará, que tenga peso dentro del Gobierno, que lo escuchen y le “copien” cuando del Pacífico y del país afro se trate, que tenga experiencia, que se sepa mover en Bogotá y sepa capotear las vanidades de los que posan de influyentes en el alto poder, que se sepa mover también con los gobiernos locales, que tenga relaciones internacionales para ser capaz de gestionar apoyos, que conozca las complejidades de esas regiones, que conozca las expresiones organizativas afrocolombianas, que pueda armar un verdadero equipo con músculo técnico, que aglutine esos programas y estrategias que se ejecutan en forma dispersa y sin articulación; en fin, que su escogencia sea una oportunidad para acercarse a esa “otra Colombia” de manera diferente a como usualmente se hace desde el centro.

Lo peor que podría suceder sería que esta pandemia terminara reforzando las tragedias que azotan el Pacífico colombiano. Una región que cuenta con vigorosos y ejecutivos actores legales, pero donde también mantiene un protagonismo poderoso la ilegalidad. No se puede soslayar que más del 50 % de la coca que produce el país está sembrada en esos territorios y que la práctica de la minería ilegal sigue vigente en sus bosques y ríos, alimentando ambos la inacabable espiral de violencia y el deterioro ambiental. Corremos el riesgo, ni más ni menos, de que sean esos poderes criminales los que se terminen imponiendo y consolidando frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que dejará esta pandemia.

No atender al Pacífico como lo demandan las circunstancias es condenar a esa región a ser realmente “otra Colombia”. No la abandonemos.

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