Un testigo incómodo

Las cifras son alarmantes: entre junio y agosto de 2013, la FLIP registró 23 agresiones y 44 periodistas víctimas mientras cubrían protestas. Esto se traduce en dos ataques cada tres días. Veinticuatro de los comunicadores formaban parte de medios alternativos e independientes, diez pertenecían a medios nacionales, siete a locales y tres a internacionales. Lo más preocupante es que los principales agresores son los llamados a garantizar la seguridad de la prensa: 75% de los casos tuvieron a la fuerza pública como victimaria.

Que este tipo de agresiones ocurran muestra que el Estado no ha aprendido de sus errores del pasado. Hay que recordar que en 2012 Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Richard Vélez, camarógrafo golpeado y humillado por el ejército mientras cubría una protesta en Putumayo en 1996. En esa sentencia se advirtió al Estado que había un ambiente hostil contra la prensa y que era necesario capacitar a los funcionarios de la fuerza pública en libertad de expresión.

Tal vez las advertencias no llegaron a tiempo o simplemente entraron en un oído para salir por el otro: en noviembre de 2012, pocos meses después de la condena en el caso Vélez, ocurrió el único asesinato de un periodista por razones de oficio ese año. Se trató de Guillermo Quiroz, comunicador empírico de Sucre, que murió a los pocos días de recibir muchos golpes en extrañas circunstancias después de ser detenido por la Policía mientras cubría una manifestación de trabajadores de la petrolera Pacific Rubiales.

A pesar de esos antecedentes, 2013, año lleno de protestas, tuvo a la prensa golpeada e intimidada. Según las cifras de la FLIP, entre otras cosas, nueve periodistas fueron apedreados; ocho estigmatizados de ser guerrilleros y siete detenidos ilegalmente. 37 de los 44 comunicadores agredidos estaban debidamente identificados como prensa, ¿cómo es posible que aun así fueran atacados?

Las advertencias son claras y las cifras también. Lo más probable es que 2014 también tenga montones de protestas. ¿Será mucho pedir que la Policía, el Esmad y el Ejército aprendan de estos errores del pasado y permitan que los periodistas cubran las manifestaciones?

Cada vez más, las protestas se están convirtiendo en eventos de interés público que la prensa debe cubrir para poder informar a la ciudadanía. No se puede ver al periodista como un testigo incómodo que entorpece el trabajo de la fuerza pública o que persigue a los manifestantes. La presencia de los comunicadores es una garantía para ambas partes.

Más allá de esto, el Estado no puede seguir siendo uno de los principales agresores de la prensa. Que el 75% de los agresores en estos casos sean de la fuerza pública, se suma a hechos como el atentado a Ricardo Calderón, perpetrado aparentemente por miembros del Ejército, y los dos asesinatos de comunicadores por razones de su oficio en 2013: Édison Molina en Puerto Berrío, Antioquia, quien trataba temas de corrupción administrativa en su espacio radial, y José Darío Arenas, reportero y voceador del diario Extra en Caicedonia, Valle, quien había trabajado recientemente en denunciar irregularidades del Inpec. Es necesario que se tomen medidas en las diferentes instituciones para evitar que el desastre siga creciendo.