Un “todos lo hacen” no sirve como justificación


Una respuesta a las denuncias hechas por Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, que merece especial atención es la que insiste en que no hay nada de ilegal en hacer llegar hojas de vida directamente a un servidor público para “promover” que personas de confianza sean nombradas en cargos estratégicos. Si bien puede ser cierto que, dadas ciertas condiciones, ese tipo de recomendaciones no violan ningún artículo del Código Penal ni las reglas de la contratación estatal, hay una pregunta más interesante: ¿acaso esa es la manera en la que queremos que funcione la repartición burocrática en los gobiernos? ¿Tenemos que conformarnos con la idea de que “así es la política”?

A Reyes, quien también fue director de la DIAN, lo quieren destruir después de su poca ceremoniosa salida del gobierno de Gustavo Petro. Incluso el presidente, con declaraciones ambivalentes, ha dejado la duda sobre si el exfuncionario habría incurrido en prácticas indebidas. Sobre eso no tenemos pruebas y la Fiscalía está en mora de contarle al país hasta dónde llegaron los tentáculos de alias Papá Pitufo. Sin embargo, lo que Reyes sí le ha aportado al debate son capturas de pantallas de chats privados y otras listas de funcionarios donde no cabe duda de una cosa: personas del proyecto del presidente Petro, con mucho poder dentro del Gobierno y del Pacto Histórico, le hicieron sugerencias de hojas de vida para contratar, por ejemplo, en las aduanas.

La respuesta, además de estigmatizar a Reyes, ha sido que esa práctica es normal. Lo que es curioso. Representantes del gobierno del cambio acuden a la justificación del “todos lo hacen”. Y sí, es verdad. Muchos políticos en el país construyen su país a través de la idea de que otras personas les deben un favor. Más que representantes del pueblo, se convierten en una agenda de empleo para quienes tienen el privilegio de estar cerca a ellos y hacerles llegar una hoja de vida. Porque, salvo para los discursos, las convocatorias públicas resultan un estorbo y se pierde mucho tiempo llenando cargos importantes con personas desconocidas que hayan llegado a través de procesos transparentes.

Es similar a la negociación de los congresistas con la Presidencia. En entrevista con El País, de España, hablando de un caso contra Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia, el presidente Petro defendió una posición similar: “El único proceso judicial en firme en su contra es por tráfico de influencias. Si me pongo a ver todo lo que me rodea, todos hacen tráfico de influencias. Todos intentan influenciarme”.

Todos lo hacen. Es la forma en que se hace la política. ¿Pero qué ocurre cuando así se terminan repartiendo los puestos públicos? ¿Qué puede hacer un funcionario cuando otro, quizá de más nivel por ser más cercano al presidente, o por ser su familiar, o por ser suegra de la mano derecha del mandatario, le pasa una hoja de vida? ¿Como les garantiza eso a los demás colombianos que serán considerados de manera ponderada con otros posibles competidores? ¿Cómo garantizamos que los recursos del Estado no terminen usándose para pagar favores, para que los políticos sigan siendo una infalible agencia de empleos?

Hemos visto mucho énfasis en que lo ocurrido no es ilegal; quizás el país se ha perdido del debate verdadero: ¿no hay otra forma de entender el servicio público y la contratación estatal?

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