Una decisión histórica

En todo su derecho, el sector azucarero ha salido a criticar públicamente la decisión, con algunos argumentos que habrán de ser analizados en el recurso de reposición correspondiente. Pero a la par de esas explicaciones, se han escuchado también serios cuestionamientos a la integridad y los intereses de Pablo Felipe Robledo, el superintendente que ha liderado el fortalecimiento de la SIC como un ente de control con dientes tanto para ofrecer beneficios por delación como para resguardar los derechos de consumidores y productores con sanciones ejemplares y efectivas. Desde aquí, acogemos lo primero, rechazamos lo segundo.

Los reclamos a la decisión son en esencia tres: hay quienes cuestionan los hallazgos fácticos que motivaron la decisión; otros consideran que la multa es excesiva y va a causar serios problemas para la supervivencia de la industria azucarera —que emplea a millones de personas—, y algunas voces más radicales llegan a sugerir que el actuar de la SIC está motivado por fines políticos indebidos. La primera objeción, ya decíamos, deberá solucionarse con el mecanismo que la ley dispone: el recurso de reposición. Pero los otros dos merecen consideraciones aparte.

Primero, no es cierto que la sanción sea “confiscatoria”, como ha dicho su abogado defensor, Néstor Humberto Martínez, o que se vaya a inhabilitar a la industria azucarera. Lo dijo la misma SIC en su comunicado: el monto no supera el 7% de los ingresos operacionales anuales de las sancionadas, ni el 7% de su patrimonio. ¿Que es elevada, dolorosa y nunca antes vista en la función de control del Estado? Sí, pero precisamente de eso se trata la transformación que se viene dando en la SIC y que se ajusta a las mejores prácticas globales, verbigracia la OCDE, a la que aspiramos pertenecer: que la eventual multa no se pueda convertir en un costo descontado para quienes decidan emplear prácticas monopólicas. Si se mira en el contexto internacional, la sanción está a tono con medidas que otros países han adoptado para defender el libre mercado. En Alemania, por ejemplo, se sancionó con 280 millones de euros al monopolio sobre el azúcar. La Unión Europea sancionó con 1.470 millones de euros las prácticas anticompetitivas en el sector de televisores. Estados Unidos multó con 2.500 millones de dólares a un cartel creado para manipular las tasas de cambio.

Todas estas son jurisdicciones que se toman en serio la ley en contra de los carteles, y esos pasos son los que parece seguir la SIC.

Es temerario y engañoso, por demás, sugerir que detrás de esta resolución haya un interés político. Esta investigación no arrancó de oficio, sino por denuncia de unos productores afectados, duró cinco años, se inició bajo el mando de otro superintendente (José Miguel de la Calle), la conocieron tres superintendentes delegados para la protección de la competencia diferentes (Carlos Pablo Márquez, Germán Enrique Bacca y Jorge Enrique Sánchez), y la decisión respondió a la sugerencia unánime del Consejo Asesor de Competencia, integrado desde hace varios años por expertos en la materia. Por si fuera poco, varios de los ingenios sancionados ya habían sido multados en 2010 por “cartelización en los precios de compra de la caña de azúcar a los cultivadores”.

Cuesta creer que hay motivos ulteriores detrás de una investigación tan juiciosa. Si los azucareros tienen pruebas suficientes para desmentir la investigación, deben exponerlas en su recurso de reposición. Y bienvenido ese debate con argumentos. Lo que resulta lamentable es que en su defensa se intente desprestigiar la labor de una SIC fuerte y capaz de romper los obstáculos a la libre competencia, que no por tradicionales son aceptables si queremos un país moderno donde el emprendimiento sea una opción y donde la competencia se dé en condiciones justas.

Advertencia: Aun cuando para el conocimiento de esta investigación del sector azucarero se declaró impedida y no tuvo participación alguna, la esposa del director de este diario es miembro del consejo asesor del superintendente de Industria y Comercio.

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