Una meta de deforestación decepcionante

Como afirmó Germán Andrade en una columna en El Espectador, “ninguna deforestación es conveniente. Pero ¿cuánta es aceptable como meta de un gobierno?”. El legado de la pasada administración fue vergonzoso en este sentido. El ministro de Ambiente de ese entonces, Luis Gilberto Murillo, aceptó a comienzos del 2018 que la meta de cero deforestación para 2020 que se habían propuesto era imposible de cumplir. Como si el panorama no fuera suficientemente desalentador, la deforestación en el país se cuadruplicó durante el segundo período del presidente Juan Manuel Santos, pasando de 124.053 hectáreas taladas entre 2014 y 2015 a 178.597 entre 2015 y 2016, y 219.973 entre 2016 y 2017, el punto más alto desde 2010.

Por eso la expectativa sobre cómo se iba asumir este reto en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se está discutiendo en el Congreso.

Sin embargo, el Gobierno parece haberse conformado con que las cosas sigan tal y como están. La meta, decepcionante a todas luces, no le apunta ni siquiera a reducir la deforestación, sino a mantener la tasa actual estable y que no aumente el número anual de hectáreas deforestadas. Eso quiere decir que cada año seguiríamos talando más de 200.000 hectáreas y Colombia habría perdido casi 900.000 durante este cuatrienio: aproximadamente seis veces el tamaño de Bogotá. Una cifra aterradora.

Eso también significa que el Gobierno incumpliría compromisos internacionales como el Acuerdo de París —en el que Colombia se comprometió a alcanzar una tasa de cero deforestación para 2020—, la Declaración Conjunta de Intención con Noruega, Alemania, Reino Unido e Irlanda del Norte, y la sentencia 4360 de la Corte Suprema de Justicia que declara a la Amazonía como sujeto de derechos.

El panorama es tan preocupante que 18 organizaciones y los 25 niños y adolescentes accionantes de la primera tutela de cambio climático en Colombia radicaron una carta ante los ponentes del PND, en la cual le piden al Congreso que modifique la meta de deforestación.

La petición es más que sensata. Tal como está, la meta del Gobierno no solo admite incumplir compromisos nacionales e internacionales, perjudicando la credibilidad del Estado colombiano. Más grave aún, conceder que la deforestación continúe a su ritmo actual es una tragedia silenciosa que pasa desapercibida para la mayoría, pero cuyos efectos devastadores ya estamos padeciendo. Los bosques son vitales por los servicios ecosistémicos que prestan y nos benefician a todos, como combatir el cambio climático, mejorar la seguridad alimentaria, conservar la biodiversidad y asegurar el suministro de agua. Permitir su destrucción no es una opción viable para el futuro del país.

Todavía hay tiempo para revisar los objetivos y corregir el rumbo. Si queremos detener esta masacre ambiental, es hora de proponernos metas verdaderamente ambiciosas.

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