Una objeción muy inconveniente

Es cierto que la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se hizo entre presiones, con afanes innecesarios y de una manera que está lejos de ser la idónea. También es verdad que varios puntos pudieron mejorarse en ese proceso, además de que hubiese sido mucho mejor que se aprobara con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Por eso, la posición del presidente Iván Duque. Sin embargo, si su genuino interés es unir al país y fortalecer el Acuerdo de Paz, la objeción de esta ley promete causar todo lo contrario.

En concreto, el presidente Duque objetó seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria. Esto significa que volverán al Congreso, donde los parlamentarios decidirán si adoptan las objeciones, promulgando la ley sin esos artículos, o si las niegan, forzando a que el presidente del Senado las sancione. Si la Cámara de Representantes y el Senado no están de acuerdo sobre si aceptar o rechazar las objeciones, la ley se archivaría por completo. En cualquier caso, esto significa que los tribunales de paz seguirán funcionando sin una norma que regule su procedimiento.

Completando los anuncios, el presidente también dijo que presentará una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017, para excluir de la justicia transicional los delitos sexuales contra niños y adolescentes, imponer la pérdida de beneficios para quien reincida en actividades criminales y establecer que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1º de diciembre de 2016 y continúen ejecutándose después de esa fecha vayan a la justicia ordinaria.

Aunque el mandatario dice que no se trata de un choque de trenes, la verdad es que, cuando menos, está pateando la mesa de la institucionalidad. Nos explicamos.

Por un lado, y justo en un año electoral, está abriendo de nuevo las heridas y el desgaste que dejó el plebiscito. Aunque en su discurso dijo que “no existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz”, la objeción revive una batalla campal entre quienes apoyaron el proceso en los términos de la ley que se aprobó y quienes han buscado “hacer trizas” el acuerdo. No en vano hace poco el senador Álvaro Uribe dijo que lo mejor sería derogar la JEP. El Gobierno reabrió las trincheras y la polarización, en vez de pasar la página y promover la reconciliación.

Por otro, la administración Duque está permitiendo que la guerra que se está librando contra la JEP tenga cada vez más fuerza. Como el tribunal, amparado en el acto legislativo que lo creó, seguirá actuando, cada una de sus decisiones será criticada por no tener una reglamentación precisa. ¿Cómo va a poder garantizar el debido proceso si su reglamentación sigue en el limbo? ¿Cuánto tiempo más se va a seguir minando su labor? ¿No es eso crear más inestabilidad? ¿No es esa otra manera de propiciar un choque de trenes entre los distintos poderes públicos?

Finalmente, ¿qué mensaje se les está enviando a los desmovilizados, quienes ya de por sí están siendo presionados por los grupos armados al margen de la ley para que se les unan? ¿Cuántos puntos más del acuerdo se van a poder reabrir o reformular? ¿Cómo confiar en un Estado así?

La objeción es una realidad y solo queda mirar hacia adelante para encontrar cómo superar esta coyuntura como país. Sin embargo, la decisión del Gobierno fue muy inconveniente.

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