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No solo desafiaron a la institucionalidad el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva al demorarse en acatar la suspensión del último, sino que la gestión que se adelantó en estos momentos de incertidumbre jurídica deja muchísimo que desear. Desde el impresentable nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a pesar de haber amenazado abiertamente al presidente Gustavo Petro en conversaciones que conoció todo el país, hasta la expansión de la burocracia diplomática y la asignación de personas sin carrera ni las capacidades necesarias, el Gobierno del cambio parece haber renunciado a su promesa de dignificar el servicio diplomático. Jugaditas que dejan un mal sabor de boca en medio del ruido de una supuesta “ruptura institucional”.
Dos semanas estuvo el canciller burlándose de la decisión del Ministerio Público. Incluso su abogado dio a conocer la extraña tesis de que no podía irse del cargo hasta que el presidente de la República nombrara un reemplazo, como si así funcionaran las sanciones disciplinarias. En el mismo sentido pareció pronunciarse esta semana el mandatario de los colombianos, quien en su cuenta de X afirmó: “La procuradora creó la figura de autosuspenderse. Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende”. La Constitución es clara en determinar que la Procuraduría vigila e impone sanciones disciplinarias que deben obedecerse, sin importar los deseos particulares del presidente de turno.
Más allá del choque de trenes que eso causa y que hemos discutido ya en este espacio, es llamativo que esos días de esguince a la suspensión fueran aprovechados por el canciller para firmar decretos con nombramientos que expanden la burocracia del servicio diplomático. Llama la atención la abundancia de personas elegidas a pesar de no tener carrera diplomática, provenir de oficios lejanos al servicio exterior y que son privilegiadas por encima de quienes llevan años preparándose para representar y servirle al país. En campaña presidencial y al inicio de su mandato, el presidente Petro aseguró que se iba a priorizar la profesionalización de la diplomacia, algo que han burlado sin excepción todos los gobiernos, pero la inconformidad creciente de quienes son empleados de carrera en la Cancillería es notable y justa.
El ejemplo paradigmático de este problema es el regreso de Benedetti a la representación exterior del Gobierno. En un comunicado, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) protestó porque el nuevo embajador ante la FAO no domina un idioma distinto al español, no hace parte de la carrera diplomática, no hizo concurso público ni tiene un desempeño profesional que justifique su cargo. Esta semana, en entrevista con W Radio, el mismo embajador mostró desdén por su asignación, pues dijo: “Yo elegí a Petro. Así que me merecía lo que fuera y esto no es lo hubiera querido, pero es lo mejor”.
El mensaje que se envía es preocupante. La Cancillería sigue siendo utilizada para repartir cuotas burocráticas y cuadrar acuerdos políticos. Sufren las relaciones internacionales de Colombia, sufre la legitimidad del Gobierno mismo en sus posturas anticorrupción y queda una pésima sensación en los ciudadanos.
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