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Dentro de las muchas plagas que padece Venezuela, la corrupción y el narcotráfico ocupan un lugar prioritario. La reciente inclusión de su vicepresidente, Tareck El Aissami, en la llamada Lista Clinton, no sólo es la sanción más alta impuesta a un funcionario del gobierno chavista, sino una clara idea de por dónde va a ir la relación de la administración de Donald Trump con Caracas. Como en el dicho popular, viene dura la mano.
El anuncio es de grueso calado, pues se da justo en el momento en que Nicolás Maduro parecía tomar un segundo aire. Sus primeras declaraciones, así como las de la canciller Delcy Rodríguez, frente al inicio de la nueva administración estadounidense, fueron muy medidas y poco confrontacionales. Sin embargo, una carta de 32 congresistas del país del norte, tanto republicanos como demócratas, pidiendo mano dura con Caracas, fue seguida de esta inesperada reacción. A lo anterior se suma el reciente anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de preparar una versión actualizada del informe sobre Venezuela que el año anterior dio inicio a la implementación de la Carta Democrática. El informe será presentado en corto tiempo a su estados miembros, que decidirán cómo actuar.
La gravedad del tema radica en que los señalamientos no son sólo por el tema del narcotráfico y una cadena de testaferrato que ha actuado para lavar el dinero obtenido en la actividad ilícita, sino que además vincula el sensible campo del terrorismo. De acuerdo con las pruebas que afirma tener Washington, tras varios años de investigación, El Aissami también estaría involucrado en la entrega irregular de pasaportes venezolanos a diversas personas del Medio Oriente. Esto cuando era ministro del Interior y tenía a su cargo el manejo de los pasaportes. Según lo dio a conocer una investigación de CNN, los documentos pudieron haberse entregado en la Embajada de Venezuela en Irak, entre otros a presuntos terroristas.
Las acusaciones de vinculación de altos funcionarios del chavismo a las redes del narcotráfico no son nuevas. Mucho se ha hablado de tiempo atrás del llamado Cartel de los Soles, que involucra a altos mandos militares. También la detención y juicio de dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, que fueron condenados en Nueva York. Ahora se trata no solo de una figura de primera línea dentro del gobierno, sino que se ha especulado que será la carta que se piensa jugar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones del próximo año. El Aissami goza de toda la confianza del actual jefe de Estado y su ascenso dentro de la estructura partidista se dio ante la posibilidad de que se diera un referendo revocatorio este año. En ese caso, ante la eventual salida de Maduro, con niveles de rechazo cercanos al 90 %, su alfil sería un representante de la línea más dura del oficialismo. Si no se da, como todo parece indicarlo con un presidente que se ha atornillado en el poder para terminar su mandato, ya estaría cuajándose su postulación para los comicios del 2018. Hasta ahora no ha habido respuesta oficial a las acusaciones.
El Departamento del Tesoro, encargado de anunciar la medida, resaltó el “significativo papel en el narcotráfico internacional” de El Aissami y la red que dirige. Se incluye en la misma al empresario venezolano Samark José López Bello, considerado como el “testaferro” de El Aissami, y 13 empresas “pertenecientes o controladas por López Bello” y sus socios. Las compañías tienen sede en EE. UU., Panamá, Reino Unido, Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas, y mueven decenas de millones de dólares.
Como hecho paradójico, los “revolucionarios” que buscan implantar el socialismo en Venezuela y atacan al imperio norteamericano, se lucran de estos negocios ilícitos, los cuales les manejan los llamados boliburgueses, incubados dentro del chavismo, desde modernas oficinas en Miami. De allí que los opositores hayan denominado el modelo del Socialismo del Siglo XXI como una gran “Robolución”.
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