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En los acueductos de La Regadera y Tibitó, la gestión del agua a través del control predial se vio sin embargo limitada, pues en las cuencas de los ríos Tunjuelo y Checua persisten usos de la tierra que generan altos costos de purificación. Chingaza marcó un hito, ya que combinó la compra de predios y el modelo de conservación de parque nacional. El control de los espacios del agua de Bogotá parecía asegurado. Pero hoy, con la ciudad que sigue creciendo y el cambio ambiental, es evidente que el agua de Bogotá no es invulnerable.
El 75% del agua de la ciudad debe pasar por largos túneles. Es una vulnerabilidad física que se debe pensar, pues la ingeniería no puede controlarlo todo y sería sensato que la capital, en lo que tiene que ver con su recurso hídrico, no pusiera “todos los huevos en la misma canasta”. En el corto plazo preocupa la vulnerabilidad ambiental del agua de Chingaza cuando pasa por la cuenca del Teusacá. ¿Cómo es posible que la CAR, al aprobar los POT de La Calera y con el limitado ejercicio de la autoridad ambiental, esté poniendo en riesgo la calidad del agua de Bogotá? Es la misma CAR que dio licencia para un relleno sanitario en la cuenca del río Checua. La pérdida de control de los espacios del agua de Bogotá es suficiente para rediseñar las CAR. Pero la reforma ambiental que se cuece no sería adecuada si sólo se orienta a que el poder central aumente el control sobre los entes regionales que operan como bolsas que intermedian proyectos y que no asumen su función de autoridad ambiental. Retomarla implica necesariamente intervenir el ordenamiento municipal y promover la gobernanza de los espacios ecosistémicos del agua. Para ello sus órganos de gobierno deben ser más representativos de los intereses ambientales que están en juego.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, propone liberar los espacios del agua como adaptación a los extremos climáticos. En este sentido es urgente ganar control sobre los ecosistemas que soportan el ciclo del agua. La intervención del alcalde en la junta de la CAR es importante, pero insuficiente. Tampoco el tema se resuelve todo en el “corredor de conservación” de los tres páramos; Sumapaz, Chingaza y Guerrero. La vulnerabilidad del agua de Chingaza ante el cambio climático es un reto para la CAR, Corpoguavio, Corporinoquia y Cormacarena, y debe afectar el ordenamiento de Guasca, Gachetá, Gama, Junín, Gachalá, San Juanito, El Calvario, Fómeque y Choachí, municipios vecinos de nuestras aguas en el Parque Nacional Chingaza.
Allí la vulnerabilidad es además social e institucional, pues muchos de ellos no tienen agua potable en sus áreas rurales y no hay compensaciones por las limitaciones de uso de la tierra y de recaudo fiscal. El Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, que ejecuta la Empresa de Acueducto, es insuficiente, pues se diseñó para mitigar los pasivos ambientales de las obras y no puede reemplazar el ejercicio de la autoridad ambiental regional. El Distrito Capital podría trabajar con la Unidad de Parques Nacionales, que tiene la función de promover y coordinar los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, para disminuir la vulnerabilidad del territorio gran Chingaza. Tema ausente en la Bogotá Humana, ya muy ocupada dentro de los artificiales límites administrativos de la ciudad y algo de su entorno de la Sabana.
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