¿Y la regulación?

El resultado, aunque afortunadamente no cobró vidas, fue nefasto: cerca de 250 personas del sector resultaron afectadas, “ya sea por lesiones en su vivienda, infraestructura, o traumas acústicos y esquirlas de vidrio”, según el director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), doctor Gabriel Darío Paredes.

De acuerdo con la información entregada por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Humberto Guatibonza, todo parece indicar que la explosión fue mecánica y causada por un gas llamado óxido de etileno, una sustancia usada para esterilizar, por ejemplo, equipos médicos; un gas que se disuelve fácilmente en agua.

Lo preocupante es que aun las autoridades no han dado razón sobre si el laboratorio cumplía con los requisitos legales para operar en la zona. El alcalde local de Teusaquillo, Iván Marcel Fresneda, le dijo a El Espectador que no podía confirmar si el laboratorio contaba con los permisos necesarios. Como conocedor de la zona anotó, sin embargo, que “en una visión preliminar, el sector no tiene el uso de suelo para ese tipo de actividades”.

La pregunta para las autoridades tiene, pues, doble filo: si el laboratorio era legal, ¿por qué se le permitió la operación en esa zona? Y si no lo era, ¿por qué no había sido intervenido previamente?

En la misma entrevista Fresneda dijo que hay quejas constantes de la ciudadanía por la operación irregular de diversos tipos de empresas en la zona. Con lo cual vale preguntarse: ¿para qué existen, entonces, las regulaciones del uso de los suelos?

Queda la amarga sensación de que esta tragedia, que causó daños físicos, emocionales y patrimoniales a los vecinos del sector, es otro síntoma de una cultura de la informalidad, tan arraigada en nuestro país, que se salta las regulaciones en busca del beneficio personal. Y, a la vez, es muestra de una institucionalidad que parece incapaz de garantizar el pleno cumplimiento de las normativas esenciales para la seguridad de todos. El clásico “deje así”.

Pero no. Algo así no puede suceder de nuevo. Esto, además de los daños directos a todos los involucrados, sacude la confianza que las personas tienen en las autoridades y, por ende, mina la legitimidad de las instituciones. Algo tiene que hacerse: ¿reformar la regulación? ¿Mejores mecanismos de inspección y cuidado? La pelota está en el campo de la administración.

Por ahora, no queda más que esperar respuestas. Es de aplaudir, por supuesto, la actuación de las autoridades para atender a los heridos y rendirle cuentas a la opinión pública. Pero nos falta entender bien qué pasó y qué se propone hacer para que no vuelva a suceder.

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