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La tutela de la Corte Constitucional que en forma dividida protegió el supuesto derecho del exministro Andrés Felipe Arias a una “doble conformidad” respecto de su condena a 17 años de prisión es un atentado a la seguridad jurídica y a la institucionalidad.
Las leyes, en su momento, indicaban que, por su fuero constitucional, Arias debía ser juzgado por la Corte Suprema en única instancia, al igual que lo habían sido y lo estaban siendo todas las personas con igual fuero al de Arias.
Además de haber sido condenado por la Corte Suprema a 17 años de prisión por sus delitos de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación, Arias fue también sancionado por todas las autoridades que podían condenarlo. En eso, su caso sí es único.
Arias fue sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 16 años por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, su copartidario y hoy embajador de Duque. Fue sancionado fiscalmente y obligado a restituir al Estado más de $10.000 millones de detrimento patrimonial por la contralora Sandra Morelli. Y fue Viviane Morales, hoy también embajadora de Duque, la que lo acusó como fiscal ante la Corte Suprema. Arias no es ninguna mansa paloma y por ello es que ha sido condenado por todas las autoridades. No es por uribista, sino por bandido.
Sabemos cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan. Ya veremos a Arias reclamando la doble conformidad para otros procesos en los que también fue condenado en única instancia, como el disciplinario ante la Procuraduría, bajo el taquillero pero falaz argumento de que si esa tal doble conformidad le aplica en materia penal, también debe aplicar en lo disciplinario.
Este tipo de decisiones desalientan la lucha contra la corrupción, la parapolítica y la narcopolítica. Ya veremos cómo esa doble conformidad la reclamarán otros delincuentes como Iván Moreno, María del Pilar Hurtado, Miguel de la Espriella, Alejandro Lyons, Salvador Arana, Mario Uribe o Álvaro García, todos condenados por la Corte Suprema en única instancia. Muchos y emblemáticos son los casos.
Esto es de locos, y me hizo recordar un episodio personal cuando hace años me desempeñaba como superintendente y había sancionado a un cartel empresarial. Los sancionados emprendieron una campaña cuyo objetivo era victimizarse haciéndose pasar por perseguidos políticos y no por cartelistas, para despertar en uno que otro despistado alguna solidaridad.
En ese contexto, Félix de Bedout, en W Radio, me dijo: Superintendente, Ud. está siendo víctima del “síndrome de la Caracas”. A lo que le respondí: ¿Y qué es eso? Él me dijo: Es lo que ocurre en la avenida Caracas cuando un policía coge a un ladrón. Mientras el ladrón huye, la gente grita: “Cójanlo, cójanlo”. Y apenas el policía lo coge, la gente grita: “Suéltenlo, suéltenlo”.
Acierta la Corte Suprema al decirle a la Constitucional que en ella “queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión”. No puede ser que, después de que toda la sociedad gritó: “Cójanlos, cójanlos”, ahora terminen algunos despistados, enredados por obra y gracia de esa sentencia en el caso Arias, gritando: “Suéltenlos, suéltenlos”, en una manifestación del denominado “síndrome de la Caracas”, a lo que la Corte Suprema no puede hacerle eco.