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Una persona con contrato laboral recibe 12 sueldos al año, prima, cesantía, 12% de intereses sobre las cesantías, 15 días de vacaciones al año, pensión, EPS, riesgos profesionales y caja de compensación familiar.
Los “contratistas” no recibimos sueldo sino “pagos”. Para tramitarlos se requiere planilla integrada, RUT actualizado, cuenta de cobro, fotocopia de la cédula y paciencia. Mucha paciencia. Una vez entregados todos los documentos es necesario que la contraparte inicie su propio proceso interno de firmas, autorizaciones y desautorizaciones. Este proceso no tiene tiempos definidos y puede tardar desde 5 hasta 100 días hábiles.
Quienes acordamos “pagos mensuales” nos sometemos cada 30 días a la aventura de cobrar. Si algo sale mal en la kafkiana sucesión de firmas y sellos quedamos a la merced de los préstamos a familiares y amigos. Los bancos no suelen adjudicarnos tarjetas de crédito, pues somos “independientes”. Y, pese a que muchos llevamos años en el mismo trabajo, no tenemos derecho a cesantías ni vacaciones. Tampoco conocemos el significado de la expresión “caja de compensación familiar”.
Estamos en el limbo. No somos empleados de nadie, no podemos agruparnos en sindicatos y debemos procurar no enfermarnos. Si algún día nos equivocamos, el “contrato” puede romperse “unilateralmente”, sin necesidad de explicaciones, liquidación ni anestesia. Atrás quedan entonces los años de esfuerzo, planillas y filas para actualizar el RUT.
Desde entidades públicas, hasta reputadas ONG de defensa de la legalidad, incumplen día a día la legislación laboral de Colombia —que en una suerte de saludo a la bandera establece que el “prestador de servicios” no debe acatar horarios ni órdenes permanentes—. No queda sino denunciar las irregularidades —y perder el trabajo— o resignarse a seguir en las mismas.
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