Hacia una justicia eficaz

Debe darse vida al expediente electrónico y fortalecer de manera directa el valor de la prueba –como en el derecho anglosajón– para garantizar su contundencia y demostrar el derecho violado. Cualquier medio de prueba que conduzca al juez a tener la certeza de la falta o de la violación legal invocada debe aplicarse sin más dilación. Si las partes no están de acuerdo, podrán controvertir la decisión ante el juez superior.

Los jueces deben ser formados para ser jueces, los abogados deben recibir la habilitación para ejercer en la baranda una vez se hayan graduado y sus calidades sean sometidas a un examen público y periódico de Estado, que garantice su idoneidad moral y social, como parte fundamental de esa balanza que debe caracterizar la implementación de una justicia verdadera como principio esencial de nuestra sociedad. Dicho examen no será de conocimientos, porque para eso las leyes están escritas, será de valores en un modelo de sociedad incluyente que garantice los derechos de todos los actores que conforman sus estamentos.

El abogado debe rescatar los valores que dieron origen a su profesión sin ánimo protagónico; como escudero del bien para procurar una sociedad justa, equitativa y solidaria, debe respetar las diferencias y las capacidades de cada miembro de la sociedad.

Es una falacia decir que por ser humanos somos iguales. Algo bien distinto es afirmar que por ser personas tenemos los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades, independientemente de que por ley natural unos logren más que otros. Por supuesto, se generan diferencias inevitables; es ahí donde la solidaridad debe manifestarse con espíritu democrático para beneficio de toda la sociedad.

La burocracia judicial debe estar libre de prebendas, ser adecuadamente remunerada y limitarse al preciso ejercicio de sus deberes. Quienes lleguen a administrar justicia deben demostrar ejemplar trayectoria, probidad e independencia incuestionables. No deben tener funciones electorales en ningún caso. Deben ser evitados los conflictos de competencia derivados de un aparato judicial desproporcionado y volver a un poder judicial altamente calificado, no por la acumulación de títulos sino por el reconocimiento, profundidad y equilibrio demostrado de sus decisiones.

Para tener jueces y abogados realmente preparados, las universidades no deben ser un negocio; deben ser foros de conocimiento y debate. Más que un país de leyes, Colombia debe darse la oportunidad de ser un país donde prevalezca la justicia, alejado de los intereses ególatras de los corruptos. La corrupción en todos los niveles debe tratarse como un delito de lesa humanidad, porque carcome los recursos que deben servir para construir equidad y justicia en las que quepamos todos los colombianos.

La educación, que inicia con la familia, continúa en el colegio y la universidad, y se proyecta con la vida, debe ser una educación fundamentada en valores desde la perspectiva del amor, no desde la visión materialista del “cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía”, como reza la canción Oropel del maestro Jorge Villamil. Para lograr la justicia eficaz y la solidaridad democrática que propone esta columna, se requieren dos elementos fundamentales: decisión y compromiso de todos los colombianos.

Ante la imposibilidad histórica de lograr la reforma de la justicia por trámite en el Congreso de la República, es momento de dar el paso de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en la que se tramiten las propuestas de justicia pronta y eficaz, que legitimen el anhelado y verdadero Estado social de derecho, bajo criterios de solidaridad democrática, hacia el mejor país que merecemos todos los colombianos.

* Miembro de Tertulia Cervantina 77. Este artículo solo compromete a su autor.