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Estos “falsos positivos” evidenciarían la existencia de una poderosa red criminal, en la cual estarían presuntamente involucrados personal militar y civil.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, en la taberna “Los Costeños” de Soacha, operaba una banda dedicada a seducir con toda clase de promesas laborales a los jóvenes del barrio, para luego asesinarlos y presentarlos como muertos en combate por el Ejército Nacional de Colombia. Las víctimas susceptibles de ser atraídas por estas ofertas laborales eran escogidas con un determinado perfil socioeconómico: muchachos de extracción humilde entre los veinte y los veinticinco años, desempleados y con antecedentes penales.
La Fiscalía muestra cómo las tres víctimas habrían viajado rumbo a Ocaña con dos acompañantes, en una flota de la empresa transportadora Copetrán en agosto de 2008. Allí se habrían hospedado durante una noche en una casa arrendada por un civil, donde se les habría inducido a ingerir alcohol y drogas. Luego habrían sido transportados hasta un falso retén militar ubicado en la carretera Ocaña-San Martín, donde los habrían subido a un carro Chevrolet Trooper de color vinotinto hasta el lugar de los hechos. El comandante de la Brigada 15 habría presuntamente autorizado la salida de las tropas del Batallón y el uso de la fuerza letal.
A la fecha, un sargento, dos cabos y catorce soldados profesionales, cuyas edades oscilan en su gran mayoría entre los 23 y 31 años, han adquirido la calidad de imputados por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada, concierto para delinquir agravado y falsedad en documento público. Según la Fiscalía, todo el grupo tenía conocimiento de los hechos y financió con su propio peculio la compra de las armas con las cuales se cometieron los crímenes.
Desde que están dedicadas a reclamar justicia, las madres de las víctimas reciben constantes amenazas de muerte. A una de ellas le mataron recientemente otro hijo, quien estaba averiguando lo sucedido con su hermano.
Hay que celebrar que el proceso se esté llevando a cabo por la justicia ordinaria. El argumento para que el caso no esté en manos de la justicia militar es que las muertes de los tres jóvenes de Soacha no habrían ocurrido en combate.
También hay que reconocer la acción valerosa de los fiscales en el esclarecimiento de los hechos. A la fecha se ha dictado medida de aseguramiento contra los diecisiete militares involucrados. Sin embargo, todavía falta develar si hubo responsabilidad de civiles y de los altos mandos del Ejército.
Es doloroso saber que unos jóvenes militares de rangos menores, para los cuales tal vez el Ejército constituía su única perspectiva laboral, hayan presuntamente disparado a mansalva contra otros muchachos desempleados, para obtener unos días de descanso en esta guerra insaciable.
*Investigadora Cinep-Odecofi
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