La congestión del sistema penal

El problema es el siguiente: cuando con la Constitución de 1991 se creó la Fiscalía General de la Nación, se le trasladaron todos los procesos que existían, de tal forma que el primer día de su funcionamiento ya estaba colapsada por exceso de trabajo. Al diseñar el sistema de tendencia acusatoria, se quiso evitar ese error asignándole sólo el conocimiento de los delitos cometidos después de su entrada en vigencia; se pensó que de esa manera la nueva Fiscalía arrancaría de cero su trabajo y se evitaría su sobrecarga.

En la práctica, eso significó dividir la Fiscalía en dos, destinando parte de la institución a las investigaciones de los delitos cometidos después de la implantación del nuevo procedimiento, mientras otros funcionarios se ocupaban de los antiguos. El resultado fue que la disminución de fiscales no permitió resolver en lapsos cortos los casos anteriores, al tiempo que los funcionarios dedicados a los casos recientes resultaron insuficientes para evacuarlos, con lo cual los dos esquemas se encuentran congestionados.

La idea de unificar los dos sistemas es inviable, porque la aplicación favorable de normas del nuevo, en cuanto a interrogatorio del sindicado, términos de indagación y juzgamiento o manejo de la prueba (para mencionar sólo algunas), conduciría en muchos casos a la anulación de los procesos anteriores, con todas las consecuencias que ello acarrea. Por eso es preferible buscar una solución intermedia que no signifique el traslado de todos los expedientes al acusatorio, sino que permita la agilización de los procesos antiguos mediante la aplicación de algunas de las figuras del nuevo procedimiento que no impliquen invalidar lo actuado. Por ejemplo, se puede regular la posibilidad de que la Fiscalía archive investigaciones, reglamentar la aplicación del principio de oportunidad, concentrar la práctica de las pruebas, intervención de las partes y emisión de sentencia en una sola audiencia oral, tramitar de la misma manera las apelaciones, etcétera. Pero, sobre todo, la Fiscalía necesita una profunda reorganización administrativa que le permita desarrollar sus labores de una forma mucho más eficiente; ese debería ser uno de los propósitos prioritarios del nuevo Fiscal General.

Dicho sea de paso, esa duplicidad de procedimientos sería uno de los varios problemas que deberían solucionarse si se opta por la tesis de incorporar la Fiscalía al Ejecutivo, pues esta opción es radicalmente incompatible con un sistema en el que los fiscales conserven funciones judiciales, como, por ejemplo, la de ordenar detenciones. Eso demuestra que no todos los temas que ameritan una discusión técnica puedan ser incorporados de manera automática a una propuesta electoral, sino que deben ser previamente sometidos a un cuidadoso análisis, no sólo de sus ventajas, sino de la forma en que deben corregirse o ajustarse sus inconvenientes. A eso invitan las conclusiones de la Comisión de Reforma a la Justicia, cuyas recomendaciones he venido comentando en las últimas columnas.