La Emergencia Social: una reforma espartana

El planteamiento del Gobierno es simple. Hoy día, el POS del régimen contributivo (EPS) cubre más tratamientos que el POS del régimen subsidiado (Sisbén). Además, enfermedades catastróficas, por ejemplo algunos tipos de cáncer, que no están cubiertas por el POS, eran atendidas con cargo al Fosyga. Estos son los servicios No-POS. El Gobierno propone equiparar el POS de ambos regímenes, pero a cambio dejar de pagar todos los servicios No-POS. Las enfermedades catastróficas las financiará el enfermo utilizando su patrimonio, sus cesantías, sus pensiones voluntarias o, si no puede, mediante préstamo bancario. Si no tiene acceso a nada de lo anterior, el ciudadano recibirá los medicamentos a través del recién creado Fonpres, pero sólo “hasta tanto se agote la disponibilidad anual”.

Las implicaciones son perversas. Aquel a quien se diagnostique una enfermedad catastrófica y crónica no podrá iniciar su tratamiento de manera inmediata. Primero debe esperar que el comité científico determine que efectivamente está enfermo. Después debe demostrar que es rico o pobre para que el Fonpres autorice el pago del tratamiento. Si es diciembre deberá pedirle al Niño Dios que el Fonpres aún tenga “la disponibilidad anual”. Si es “rico”, pero no tiene liquidez, no tiene cesantías y no tiene pensiones voluntarias, deberá acudir a préstamos bancarios, donde debe esperar que no le pregunten si está enfermo, porque en caso contrario no le prestarán. Si es pobre, más de lo mismo. Primero debe demostrar que es pobre, porque si no declara renta, es informal y no aparece en las bases de datos que piensan utilizar para cruzar información, el procedimiento debe ser harto complejo. Su dependencia de los recursos del Fonpres es total. Pero estos recursos, en términos reales van a caer con los años, porque como no hay incentivos a afiliarse al régimen contributivo, el número de ciudadanos en el régimen subsidiado seguirá creciendo, es decir, la reforma fomenta la informalidad. Los doctores, por otro lado, no tienen incentivos a recetar nada por fuera del POS. Corren el riesgo de ser multados con 25 millones de pesos si el comité científico no está de acuerdo con su diagnóstico.

El principio de “razonabilidad” requiere establecer una relación “costo-beneficio” para determinar si hay méritos para prestar un servicio No POS. ¿Un enfermo terminal ya no es “rentable”? ¿Un enfermo crónico es “rentable” siempre que no sea mayor de determinada edad? ¿Estamos en Esparta, allí donde los más débiles no merecían vivir?

 Es una reforma coyuntural para un problema estructural. El déficit del sector seguirá creciendo y las soluciones facilistas ya no serán alternativas.

*Ph.D en Economía.