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El fortalecimiento del trabajo conjunto y coordinado de las diversas instituciones armadas, la centralización de la inteligencia, la toma conjunta de decisiones sobre objetivos de alto valor estratégico y el fortalecimiento en materia de equipos y pie de fuerza acrecentaron las capacidades de nuestra Fuerza Pública para desarrollar operaciones con altos componentes de inteligencia y precisión en sus objetivos.
Todos los colombianos se han beneficiado de los resultados en materia de seguridad, lo cual se ha manifestado en una mayor confianza y bienestar económico y social. Se han reducido drásticamente los delitos de alto impacto social como el secuestro y el homicidio, al igual que los actos terroristas y los ataques a la infraestructura.
De igual forma, se han desarticulado numerosas estructuras de los grupos armados ilegales y de la delincuencia organizada y se ha desmovilizado, capturado o dado de baja a buena parte de sus cabecillas.
No se puede desfallecer en los esfuerzos. La seguridad alcanzada es un activo de todos, que requiere sostenimiento, consolidación y profundización. Esto implica mantener las capacidades existentes en los próximos años (después de 2010), sosteniendo los equipos adquiridos y asumiendo los costos de la disminución de recursos provenientes del Plan Colombia, garantizando la presencia institucional en todo el territorio nacional y preservando el Estado Social de Derecho.
De cara al futuro cercano, se deben considerar retos derivados de nuevas manifestaciones multicriminales como el tráfico ilegal de drogas, personas y armas, los delitos ambientales, la delincuencia común y los delitos informáticos, así como los retos producto de tendencias globales como la reconfiguración del orden mundial y el cambio climático.
Todos estos esfuerzos, presentes y futuros, demandan un nivel de inversión sostenido. Es por esto que valoramos la visión del empresario Luis Carlos Sarmiento en el sentido de mantener el esfuerzo de inversión en el sector y debatir sus formas de financiación.
La buena noticia es que no tenemos que cambiar súbitamente las capacidades existentes o comenzar de cero. Podemos construir sobre las plataformas de hoy, adaptar las capacidades actuales y desarrollar otras que se encuentran muy limitadas. Debemos continuar siendo flexibles en términos de la organización de nuestras instituciones orientando los esfuerzos hacia una lógica conjunta y coordinada entre ellas, a un incremento en la capacidad de investigación técnica y judicial en la Policía Nacional y a una más fuerte coordinación interinstitucional.
Al tiempo que se avanza en los logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, se hace necesario pensar en el futuro de la Fuerza Pública. Por consiguiente, es de vital importancia que los temas de seguridad y defensa sean debatidos y analizados públicamente de manera permanente e incluyente.
El seminario realizado conjuntamente por parte del Ministerio de Defensa Nacional, la Fundación Ideas para la Paz y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) el pasado 30 de abril es un primer ejercicio en esta dirección. El país está listo para debatir abiertamente estos temas, como cualquier país desarrollado.
Por último, se debe tener presente que la seguridad es un bien público que beneficia al conjunto de la sociedad, que permite la protección de la población y, por lo tanto, su sostenibilidad debe ser un compromiso de todos.
Los logros y el sacrificio de nuestros soldados y policías bien merecen que el país confíe en que mantener el apoyo económico a la seguridad y la defensa es un beneficio social para todo el país y un motor para la economía.
* Viceministro de Defensa.
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