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Esta “estrategia participativa innovadora” del antieditorial, que fomenta El Espectador, por iniciativa de don Fidel Cano y como sugerencia de uno de los lectores, ha dado tan buenos resultados, que da origen a nuevas categorías periodísticas, como la que hoy planteo, en relación con el editorial del 25 de junio: el “complemento editorial”.
Reconozco mi falta de modestia, pero en eso se traduce el logro de escribir en El Espectador después de muchos años de insistencia.
Estos no son argumentos contrarios al editorial “Más claridad”, publicado el miércoles 25 de junio de 2014; son noticias que el mismo periódico publica en una edición posterior pero no en el mismo lugar preferente dentro de la sección de opinión. Mi interés es la coherencia y el equilibrio periodístico.
Dice el editorial: “Falta, entonces, más claridad en este escenario. Falta confrontar a la sociedad y sacarla de toda duda”. También asegura que desde que comenzó su atropellada gestión, el alcalde Petro está respondiendo serios cuestionamientos que se le hacen por las actividades de su concuñado, el señor Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.
El rollo tiene que ver con denuncias del diario El Tiempo sobre la intervención del concuñado del alcalde en gestiones de contratos públicos en el Distrito y el recibo de comisiones por contratos en el sistema de transporte.
Pues bien. Tres días después, se sabe que la demanda de acción popular contra el alcalde Petro y el exsecretario de Movilidad, Rodríguez, presentada por la procuradora judicial, y de la cual parte la investigación del procurador Ordóñez, fue rechazada por la jueza Luz Marina Lesmes Piñeros, quien determinó que la Procuraduría calificó de “ilegal” el contrato con “consideraciones subjetivas, que no tienen la entidad suficiente que lleve a concluir que existe un peligro real de producción de perjuicio irremediable que invoca”.
Asimismo, la secretaria distrital, Susana Muhamad, asegura que los argumentos de la Procuraduría sobre la presunta afectación a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad ciudadana, no tienen lugar, ya que pese a que se firmó el contrato bajo la figura de “transacción” con la Unión Temporal, este no ha tenido efectos.
Que no se convierta este nuevo round entre el procurador y el alcalde en otro evento mediático, en el cual el trasfondo político sea el motivo de una nueva andanada de tutelas y otras acciones, que además de impedirle gobernar al alcalde, le origine ciertos créditos políticos a la avanzada perversa del procurador y sus amigos torcidemocráticos.
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