Cristina Fernández decide fortalecer las instituciones

La sentencia condenatoria en contra de Cristina Fernández no fue una sorpresa para nadie. Ni siquiera para ella. Desde el 10 de diciembre de 2015, fecha en la que dejó la Presidencia, las denuncias en su contra se acumularon en Comodoro Py, nombre con el que se conoce el tribunal de la capital federal de Argentina. Con esto, las investigaciones judiciales en contra de la dirigente peronista se sumaron rápidamente a los insistentes titulares con los que, desde Clarín (grupo de medios tradicional de línea editorial de derecha), muchos periodistas cuestionaron, por más una década, su gobierno y su vida personal. En palabras de Julio Blanck, editor político del periódico: “En Clarín hicimos un periodismo de guerra”. Así, el clima de hostilidad era tal que, salvo que alguien ignorara el funcionamiento de la política argentina, nadie esperó una sentencia absolutoria.

Sin embargo, lo que sí fue sorpresa fue la respuesta de Fernández. En una transmisión en vivo por sus redes sociales, la vicepresidenta explicó la grave inconsistencia jurídica de la sentencia, mediante la que el tribunal la encontró responsable por el delito de administración fraudulenta. Esta conducta exige que el culpable “administre”, lo cual hacía el jefe de gabinete y no la presidenta de la República. Además, Fernández presentó dos cuestiones.

Una, su decisión de no aspirar a ningún cargo a partir del 10 de diciembre de 2023. Dos, exponer ante la opinión pública las conversaciones en las que cuatro jueces de Comodoro Py, el fiscal Julián Ercolini (quien instruyó el proceso en que fue condenada), el secretario de Seguridad de la capital federal (gobernada por el opositor Rodríguez Larreta, posible candidato del macrismo a la Presidencia), el sobrino de Héctor Magnetto (director del grupo Clarín) y el CEO de ese grupo discutían la forma en la cual podían encubrir ilegalmente un viaje que hicieron juntos a la casa de un latifundista inglés y, además, cómo iniciar una operación de lawfare (guerra jurídico-mediática) en contra del director de la PSA, quien entregó las planillas donde constaba el hecho.

Ambos sucesos son de importancia fundamental para la defensa de las instituciones. De un lado, al sacar su nombre del tarjetón, Fernández asegura que la campaña electoral gire en torno a la compleja situación económica de la Argentina (propiciada, entre otros factores, por el sobreendeudamiento de US$44.000 millones que dejó Mauricio Macri), y no respecto de su inocencia o su culpabilidad. De otro lado, Fernández visibiliza el complejo vínculo entre empresarios, medios de comunicación y jueces que han desplegado operaciones de lawfare en América Latina para detener procesos políticos progresistas y disciplinar a los líderes que se atrevan a cuestionar el statu quo. En una democracia no debería haber nadie exento de la posibilidad de ser cuestionado y esto incluye también a los medios de comunicación y a los jueces, quienes tienen un inmenso poder que no proviene ni responde ante las urnas. Tras su condena, Fernández defendió, de forma ejemplar, las instituciones argentinas.