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Por Hernán Velandia Palomino
En respuesta al editorial del 12 de abril de 2020, titulado “Se va respondiendo con altura”.
Las tan mencionadas medidas de choque para combatir la pandemia que azota al país se convirtieron en un escenario más que los políticos y autoridades corruptas de todo nivel están usufructuando a su favor.
Para que el esfuerzo del pueblo colombiano dado a través de los impuestos se vea realmente reflejado, la primera curva que hay que aplanar es la de la corrupción, que se elevó considerablemente con las disposiciones del orden nacional, asignando presupuestos de emergencia y autorizando inversiones a escala regional y local casi que discrecionalmente, según el criterio de los mandos territoriales.
Cuanto más alarguen el confinamiento social, más se frotan las manos los corruptos que nos dirigen en varios lugares, casi todos, del territorio colombiano, puesto que sobrevaloran costos en los contratos con la excusa de que todo se encareció por las circunstancias, excusa no válida pues el presidente solicitó por cadena nacional denunciar a los especuladores que aumenten los precios de los productos. Hasta el momento no hay una sola denuncia contra los proveedores que aumentaron costos.
Haciendo el ejercicio de recuperar los dineros extraviados por contratos mal habidos desde iniciada la pandemia, tengan la seguridad de que el valor final alcanzaría para comprar pruebas de detección del COVID-19 para cada uno de los colombianos, dotación hospitalaria y mecanismos de protección para los héroes del sector médico y policial, que ofrendan sus vidas en aras del bienestar de sus connacionales.
Sí es muy importante el aspecto económico y el presidente está ejecutando de la mejor manera posible los recursos disponibles y logrando las posibilidades de empréstitos por parte de entidades internacionales para buscar el bienestar y una mejor calidad de vida de los colombianos en este momento crucial, pero esos esfuerzos se ven erosionados por el accionar criminal de autoridades y contratistas que no sacian su codicia, quitándoles posibilidades a más familias que podrían beneficiarse con mayor cantidad de mercados solidarios.
En este país del “nada pasa”, esperamos que los anuncios del señor contralor, quien propuso unión con Procuraduría y Fiscalía para perseguir a los corruptos, entregue resultados y culpables, porque los contratos que ya están firmados y algunos ejecutados son prueba evidente de este indigno proceder.
¿Cómo es posible que varios productos sean cobrados por tres veces su precio y quien firma el contrato no refute ese valor y firme tranquilamente? Y peor aún en el tema de la camilla denunciada por el contralor, que terminó costando unas diez veces su valor. Adicionalmente, el señor procurador anuncia apertura de investigación a diez contratos en ocho departamentos; por lo tanto, quedamos a la espera de decisiones prontas y que no se dilaten, como siempre ocurre, hasta que la gente olvide, los términos caduquen o los culpables puedan adelantar componendas salvadoras con los contratistas.
Los esperanzados y estudiosos del tema socioeconómico anhelan un sincero cambio en todas las sociedades del mundo luego de esta pandemia. Los colombianos quedaremos con una pandemia peor: políticos y mandatarios corruptos.