Deponer la codicia

Según como se plantea, es el pueblo raso quien debe asumir todas las responsabilidades para hacer que los propósitos gubernamentales empiecen bien y lleguen a un mejor fin. ¿No estarán olvidando las estadísticas que por violencia social se presentan todos los días en puertas de clínicas y hospitales, debido a que los recursos de la salud han sido sistemáticamente saqueados sin que haya responsables y, si los hay, están en su mansión/cárcel disfrutándolos, mientras la tragedia diaria de la salud continúa?

Ese es sólo un ejemplo de las miles de causas que generan y fomentan la creación grupos al margen de la ley. Por eso creo que llegó la hora de firmar otro acuerdo por la decencia, la honestidad y la transparencia entre el pueblo que tributa y la dirigencia política nacional que usufructúa, para que, al igual que con la firma de la paz, los recursos que son nuestros fluyan con celeridad para beneficiar al ciudadano en todos los campos del desarrollo personal y colectivo.

De lo contrario, el acuerdo que se acaba de firmar en La Habana sólo beneficia a los de arriba, que se quitarán de encima ese inconveniente actor que no les permitía ampliar más sus propiedades y apoderarse de recursos naturales, para satisfacer su enorme codicia económica.

No solamente es “hacer las paces en las calles y en las casas”, también es necesario hacerla en los despachos oficiales, pensando que cualquier actuación corrupta afecta los propósitos buscados. Es ponerle fin a esa codicia asesina.

Resulta que violencia no sólo es tener un arma en la mano para imponerse violentando o asesinando a quien no comulga con la misma ideología; es también desfalcar instituciones o empresas que necesitan de esos fondos para fomentar la búsqueda de una mejor calidad de vida de todos y cada uno de los colombianos; violencia es también autolegislar en favor de un grupo de privilegiados que elegimos para que con sus propuestas de campaña abrieran nuevos y prometedores horizontes, para que algún día en este hermoso país exista una igualdad social digna entre todos, pero que se convirtieron en insaciables depredadores económicos del fisco para su beneficio personal.

Es violencia también que, con todas las evidencias y pruebas de esa corrupción, la justicia no encuentre méritos para castigar debidamente a los culpables. Y así podría continuar enumerando razones sin fin como disparadores de ansiedades y desesperos entre el común de la gente, que ve con esperanza lo acordado en Cuba para dejar de matarnos a tiros, pero que vive la realidad del desarrollo institucional, donde no se necesita de un fusil para matarnos, sino simplemente del robo de los recursos para morir por enfermedades que son tratables y de hambre por la pésima distribución de los recursos. Acuerdo por la honestidad, ya.