El problema no son los recursos, sino el sistema de salud

La inquietud sobre el sistema de salud no es si existen o no los recursos. La pregunta es si el diseño institucional actual, que pone a las EPS en posición dominante con la intermediación de recursos públicos, es capaz de garantizar la sostenibilidad del sistema. Todo indica que no, porque un modelo con esta intermediación, centrado principalmente en la atención de la enfermedad, que permite, además, a las EPS estrangular la red pública, mientras hace prósperos sus negocios dentro del sistema de salud, que permite maquillar sus presupuestos y mostrar déficit, pero al mismo tiempo ocultar sus ganancias en la red propia o en los servicios farmacéuticos o de insumos que son de su propiedad, no favorece la transparencia ni permite el control efectivo de los recursos.

La promesa de eficiencia y contención de costos que justificó la señalada intermediación se tradujo en un conjunto de distorsiones de mercado, corrupción y desvío de recursos. Esta situación solo puede ser solucionada con una intervención pública, técnicamente solvente, controlada social y políticamente mediante la transparencia que dan los sistemas de información (no es en absoluto casual que tres décadas después de iniciada la transformación hacia una lógica de mercado, no exista un sistema competente que transparente las cuentas, como el que existe en otras partes del mundo); con el fortalecimiento técnico de la gestión de la ADRES, el control tarifario y el fortalecimiento y la calificación de la veeduría social de los recursos.

De otra parte, es preciso señalar que en Colombia el riesgo financiero en salud, hasta el momento, lo ha solventado el propio Estado, con leyes de punto final, aumento y reglas diferenciales de la UPC, sin que con ello se pueda cuantificar la pérdida constante de recursos públicos, con la siniestralidad de varias EPS de los dos regímenes. Pero también, que es con la atención primaria en salud y su eficiente articulación con los otros niveles de atención como se puede mitigar el riesgo en salud, como lo señala ampliamente la literatura.

Debe existir, como siempre ocurre con los sistemas de salud en mudanza, un proceso de transición que vaya gradualmente generando las estrategias, la normatividad y la organización institucional y de los recursos, para que se ejerza un efectivo control estatal y de la sociedad. En realidad, el acuerdo posible debería girar en torno a cuatro líneas de acción:

1. Pago directo de la ADRES a los prestadores, públicos y privados.

2. La organización de la atención primaria en salud, que permite no solo acercar los servicios a la población, sino integrar sinérgicamente y bajo una lógica territorial la acción resolutiva, preventiva, promocional y de acción sobre los determinantes de la salud.

3. La dignificación laboral de los trabajadores de la salud.

4. Fortalecimiento de los mecanismos de participación social y veeduría efectiva y calificada sobre los recursos.

El problema del sistema de salud, aunque riña con el sentido común, no está en la falta de recursos, sino en una arquitectura institucional que se mostró incapaz de garantizar el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema.