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Esa calificación debe darse cuando realmente esté finiquitada toda la teoría e implementada toda la operatividad dentro de un marco de legalidad y legitimidad que permita una posterior lectura fidedigna de que lo acordado realmente es funcional y efectivo.
La única verdad conocida de todo el proceso del acuerdo para la paz es que quienes han devastado este hermoso y rico país están presentes en la mesa de conversaciones. Por un lado el Gobierno Nacional, que durante el período de los últimos seis presidentes ha permitido el aumento incontrolado e impune de la corrupción de sus agentes en todos los niveles de la administración nacional, y por el otro está la guerrilla que, pretendiendo acabar con la corruptela oficial, justifica y ejecuta acciones criminales que igualmente afectan a la comunidad en general.
Unos devastando las finanzas nacionales y otros devastando el territorio y las comunidades e intercambiándose culpas frente a una sociedad impotente que cuenta con herramientas para cambiar el escenario social, pero que son manipuladas con estrategias electorales o con violencia terrorista.
Lo que hoy parece “histórico” con el pasar del tiempo puede mutar en “nefastamente histórico”. Y nuevamente quienes tienen responsabilidades negativas en la situación a solucionar, aumentarán sus aportes en cuanto a tiempo y presupuestos perdidos y, peor aún, con las ilusiones de un pueblo que sueña con vivir en paz y con mejor calidad de vida dilapidadas.
La actual justicia colombiana, cuestionada en toda su estructura, realmente no es garantía de probidad para nadie, por eso el tribunal diseñado por la dinámica de las conversaciones debe ser integrado por juristas idóneos y probos —aún existen—, sin importar su origen nacional o internacional, y escogidos lejos de la negativa influencia de grupos políticos o económicos que hasta ahora no han brindado nada en la construcción de un mejor país.
Ni siquiera se menciona el sistema de refrendación porque sin duda alguna este está diseñado de tal manera que el ciudadano tenga que escoger entre guerra o paz, haciéndolo responsable de terminar o mantener la problemática que por años nos aqueja. Si vota a favor triunfa el propósito del presidente, y si vota en contra es el único comprometido con el resultado y todo sin dársele a conocer de manera detallada y pedagógica los textos a aprobar. Un mes no es suficiente para desentrañar toda la literatura que por años diseñaron expertos juristas, estrategas militares oficiales e irregulares.
Y si es aprobado el acuerdo que se firme, con aspectos aún sin determinar de manera cierta, ¿será que los colombianos podremos estar seguros que no nos quitarán la vida en cualquier esquina por poseer o no bienes que necesita quien tuvo o tiene por años la disciplina de lucrarse con el esfuerzo de la gente honesta?
Respecto al resarcimiento económico y de propiedad que debe brindarse a las víctimas, sabemos que este debe ser asumido por el victimario colectiva o individualmente, de lo contrario debe ser asumido por alguna figura jurídica oficial. Pero el Gobierno debe dejar la ingenuidad de anunciarlo con anticipación pues ya empezaron los victimarios a declararse insolventes.
*Por: Hernán Velandia Palomino.