Instituciones u organizaciones

La ciencia económica lleva más de tres décadas definiendo claramente la diferencia entre “instituciones” y “organizaciones”. En el contexto económico de hoy, una institución es “un cuerpo de normas jurídicas y culturales conformado por un conjunto de ideas, creencias, valores y reglas de juego que condicionan y facilitan el intercambio social”. Nuestra institución mayor es la Constitución Política de Colombia. Por organización se define el “sistema social conformado por individuos y grupos, que dotados de recursos y dentro de un determinado contexto, desarrolla regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores comunes hacia la obtención de un determinado fin”. La organización en referencia es el gremio de los productores de café representado por la Federación Nacional de Cafeteros.

 

 Puntualmente, Douglas North recibió el premio Nobel de 1993 por su trabajo orientado a demostrar que los “cambios institucionales son más relevantes que los tecnológicos a la hora de explicar el desarrollo económico”. Asegura además que son “aquellas organizaciones que ocupan posiciones sociales dominantes las que, si las instituciones no responden a sus intereses, fuerzan los cambios o el estatismo”.

 

Muchos economistas han demostrado en los últimos años que hay sociedades y países que crean instituciones capaces de estimular el crecimiento económico, mientras que otras sociedades crean instituciones que dan lugar al estancamiento económico. Basta leer recientemente a Acemoglu y Robinson cuando definen los conceptos de instituciones extractivas  e inclusivas en su libro ¿Por qué fracasan los Países? Si alguien  quiere actualizar conceptos, basta con ojear las obras de Elinor Ostrom, Piketty o Tirole.

Cuando el editorialista en seis oportunidades se refiere al gremio de productores, su organización y sus actuaciones como institución, instituciones, institucionales e institucionalidad, induce perversamente a los lectores al error.

 

El problema sí es institucional; y claramente se origina en la arcaica institución corporativista mediante la cual el Estado delegó la función pública, para que los gremios de la producción en el sector agropecuario se apropiaran del desarrollo rural en beneficio de sus propios intereses, sin tener en cuenta los de la Nación, es decir, los de su gente y el territorio.

 

Todos los colombianos vinculados a las cadenas productivas agropecuarias en Colombia estamos esperando que el presidente Santos utilice las facultades especiales que le fueron otorgadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, para que el conjunto de normas expedidas en esos decretos realmente  privilegien las regiones, sus economías y contemple políticas que transformen el campo, ajustadas a la Constitución.

 

Seguramente este contraeditorial también será tachado de contener tesis “provocadoras” por manifestarle expresamente al presidente Santos que diseñe instituciones modernas para que el Estado colombiano ejerza la función pública que le obliga constitucionalmente con el agro. No más corporativismo gremial, señor presidente.

Si queremos la paz en el campo, empecemos por institucionalizarlo.  

 

 

*Álvaro Tobón Jaramillo