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En respuesta al editorial del 7 de febrero de 2024, titulado “La Corte Suprema puede ahorrarnos más divisiones”.
La Corte Suprema de Justicia, más allá de la presión política ejercida por el presidente, está llamada a tomar una decisión en bienestar del país y no de un grupo político o pensamiento ideológico.
Recordemos que, producto de la división de poderes prevista en nuestra Constitución Política, la escogencia del fiscal general de la Nación no responde a necesidades del presidente, no busca consolidar intereses particulares, ni mucho menos servir a cálculos políticos de los diversos sectores que conforman la opinión pública.
La Corte Suprema de Justicia debe debatir libre y conscientemente por la candidata que esté libre de cualquier mecanismo de presión sobre ella, más aún cuando buena parte de la coerción que pretenden generar algunos sectores sociales y políticos del país para la elección de una de las candidatas ternadas deviene de intereses mezquinos de las fuerzas que ostentan algún tipo de poder.
La opinión pública debe entender que, contrario a la nominación de la terna realizada de manera unipersonal por Gustavo Petro, la elección que realiza la Corte Suprema de Justicia se efectúa en el seno de un órgano colegiado compuesto por las mentes más brillantes del aparato judicial de Colombia, luego difícilmente la sociedad podrá cuestionar la decisión que colectivamente tomen los magistrados que la componen.
Contrario a lo expresado por el editorialista, la estatura moral de los magistrados de la Corte no la define la elección de una de las ternadas, sino la definición de la mejor candidata para este importante cargo, pues la elegida no solo les debe responder a ellos como magistrados electores, sino a sociedad a la que todos ellos se deben.
Sea el momento para advertir que el mayor inconveniente que presenta la elección de la nueva fiscal general de la Nación deviene del sesgo político de las ternadas, pues es precisamente su carácter político y no técnico lo que está llevando al traste con la terna. Es claro que en el seno de la Corte se está reclamando un fiscal totalmente independiente que no influya en beneficio de uno u otro grupo político, ni en las investigaciones o procesos que están en curso.
No sobra advertir que la Fiscalía General de la Nación adelanta todo tipo de investigaciones penales en contra de buena parte de los líderes políticos del país, luego se necesita que la candidata electa esté libre de cualquier tipo de interés para beneficiar o perjudicar a quien la postuló, a quienes la eligieron o a quienes les hayan permitido alcanzar la posición de privilegio que hoy ostentan.
De otro lado, censurar las actuaciones realizadas por Francisco Barbosa como lo hace la editorial resulta bastante llamativo, pues, más allá de los cálculos políticos, lo cierto es que la Fiscalía abrió diversas líneas de investigación sobre hechos que ponen en duda la legitimidad del actual gobierno y la honorabilidad de quienes ostentan el poder.
Por último, el editorial, al dejar un manto de duda sobre la funcionaria que quedará encargada, claramente presiona a que la Corte realice una elección pronta para que se evite dejar en encargo a la vicefiscal actual, lo cual resulta altamente imprudente bajo la coyuntura que vive el país, pues más allá de cuestionar la reputación de la vicefiscal Martha Mancera, los errores que han cometido sus subalternos o ella, es claro que esta funcionaria ejercerá dicho encargo hasta que se nomine en propiedad a la sucesora de Barbosa.
Requerimos más que nunca que la Corte Suprema de Justicia, en su sala plena, tome la mejor decisión, la más adecuada a las necesidades del país. No es un tema de tiempo, es un tema de imparcialidad, conocimiento, honradez y excelencia, al punto de considerar, de ser pertinente, que se haga la devolución de la terna si alguna de estas cualidades no se ve reflejada en las candidatas.
*Abogado de la Universidad de la Sabana, magíster en Gestión de la Ciudad.