Más preguntas al fiscal

Sobre el editorial del 4 de julio de 2017, pienso que no fue al fondo del asunto y en particular con el nombramiento del director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, para nada toca al fiscal general, directamente responsable en dicho nombramiento, de tal manera que a todas luces se ignoró el motivo que diera lugar a su escogencia. Si bien se plantearon interrogantes, que la Fiscalía deberá responder, se dejó de lado cómo y por qué llegó dicho fiscal a ostentar ese cargo de tanta confianza del fiscal general de la Nación. El hecho de que haya pasado la prueba del polígrafo no era factor suficiente para que se le diera la oportunidad de tal nominación. Como tampoco era suficiente la hoja de vida, ni lo era la experiencia laboral y académica, ni el hecho de haber sido autor de dos libros, por la razón de que era un cargo de tamaña responsabilidad, más aún cuando la corrupción hace mella en todo los niveles de poder existentes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

A lo anterior se añade que, al llegar a la Fiscalía en el mes de agosto del año pasado, el fiscal general adoptó como bandera combatir la corrupción e ideó un plan denominado Bolsillos de Cristal.

El meollo de la cuestión hay que buscarlo en quienes apadrinaron o recomendaron a dicho exfuncionario, advirtiéndose que en la Fiscalía siempre ha existido el clientelismo político y judicial. La prueba es que, en el caso de muchos directores seccionales, sus nombramientos han obedecido a cuotas políticas (congresistas) y a nivel de magistrados, como quiera que aquellos han sido funcionarios de libre nombramiento y remoción.

Asimismo, en el nombramiento de otros cargos de jerarquía brilla con luz propia el clientelismo judicial, tanto por parte de magistrados como de exmagistrados, señalándose que son los magistrados de una de las cortes los que eligen al fiscal general, y de allí se abre la puerta para sus recomendados, que harán parte del ente acusador, recomendación ésta donde predominan el amiguismo, el factor de consanguineidad y los vínculos políticos, pasándose por encima de los criterios de mérito, así como de rigurosos procesos de selección de personal y de antecedentes de relaciones con personas sin ninguna tacha ética.

Sin duda contribuyeron a la nominación del susodicho fiscal un círculo de exmagistrados de la Corte Suprema, con quien precisamente el encartado compartió oficinas en asuntos litigiosos. Amén de que este círculo todavía mantiene ciertas influencias con ciertos magistrados de esa Corte. Además, en el entramado no podían faltar las influencias de congresistas, que por cierto son cercanos al partido que apadrinó al fiscal general.

Por lo demás, sería ilusorio pensar que al fiscal general le metieron un gol con el nombramiento del fiscal “anticorrupción”, ya que con ello se trata de ocultar los hechos que motivaron dicho nombramiento. Más aún cuando el jefe del ente acusador desatendió a un magistrado de la Corte Suprema, quien lo alertó sobre las dudas de ciertas posturas éticas del encartado, antes de ser nombrado.

Mientras no haya voluntad política de parte del Congreso, como de la Rama Judicial, para reformar la justicia y sacar de competencia la nominación que les corresponde a las cortes, seguiremos en lo mismo o quizá peor.