Otra reforma tributaria no es la respuesta

Los economistas colombianos como Eduardo Sarmiento ejemplifican que las políticas económicas oficiales son mejores si favorecen el desarrollo nacional, algo no tenido en cuenta en el editorial del 22 de febrero (El Espectador, “¿Para cuando la economía?”), asustado por las mediciones de organismos internacionales que, como el S&S y el BBB, expresan lo que para ellos es recomendable en el mercado para no afectar los intereses monopolistas del capital, de suceder lo cual no tiene empacho en irse del país.

No es la economía una ciencia natural, como la física o la química. Es una ciencia social, comporta particulares concepciones acerca de las relaciones sociales en la producción. Por lo cual no manda per se: los gobiernos eligen las normas que mejor se acomoden al desarrollo de los sectores que representan. Al imponerse la globalización se consolidaron poderes supranacionales que pretenden sustraer de la esfera de la política y soberanía nacionales los asuntos económicos. Es fácil estar de acuerdo con imposiciones en materia de recortes y aumento de impuestos cuando se tiene poder para que estos recaigan sobre los de siempre, por algo la riqueza mundial y nacional se concentra ostensiblemente. No en vano alguien dijo que “unos pagamos impuestos que otros disfrutan”.

Plantear como única solución a la crisis otra reforma tributaria, habiendo en Colombia impuestos que gravan lo inimaginable, es un contrasentido. Si no se tiene en cuenta el desarrollo de la producción nacional, venido a menos, ¿qué van a gravar? No será la expatriación de grandes ganancias de los monopolios, ni la renta, ni las grandes industrias, que quedan pocas. Quedan sólo el trabajo y el consumo, impuestos para todos los sectores, sin la progresividad correspondiente a ingresos y necesidades: IVA del 19% para la canasta familiar; 4×1.000 a toda transacción bancaria sin consultar origen y monto de las cuentas; peajes, tasas y sobretasas al transporte, la industria y el comercio. Añadamos tributos locales, desde valorizaciones y actualizaciones del predial hasta gravámenes a la telefonía, como sucede en Barranquilla. Mientras tanto los despilfarros de activos y dineros públicos, como los recientes casos del sobrecosto de US$4 billones de Reficar, la feria de Isagén y del ICBF, no paran. Sin medida conocida que judicialice a los responsables. Significativo que el monto del sobrecosto de la refinaría de marras sea el 80% de los $6 billones del recorte presupuestal.

No es otra reforma tributaria la panacea. Es con medidas que defiendan la soberanía de Colombia, su producción y mercado interno, que recorten el derroche y frenen la corrupción. De eso el editorial no habla. Ni de los porcentajes del 60% y más de importación de alimentos básicos como el trigo y el maíz, consecuencia de los TLC que, por supuesto, el aumento del dólar agrava. Puede que las calificadoras de riesgo nos mantengan en BBB y que el presupuesto para 2016 sea reducido en $6,9 billones. Pero si el Estado no incentiva la producción, redistribuye el ingreso, desgrava a los estratos bajos, eso no se logrará ampliando la base tributaria. Esa será una reforma socialmente nefasta.