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La condena a Feliciano Valencia, reconocido líder indígena y excandidato a la Presidencia de la República, envía una pésima señal sobre algo que parecía ser un triunfo de las luchas sociales indígenas: el reconocimiento constitucional sobre la diversidad cultural y la existencia de visiones, prácticas y concepciones del mundo diferentes a las de la sociedad mayoritaria y que obedecen a lógicas que se sitúan en las herencias ancestrales de varias decenas de pueblos indígenas y otras minorías étnicas que conviven en el país.
Al enterarme de la condena a Valencia, mi primera reacción, con cierto estupor, desde luego, fue escribir lo ilógico que era reconocer constitucionalmente la diversidad étnica y cultural del país y las demás normas que llaman al respeto de dicha diversidad, pero a la vez cuestionarla y ponerle límites de acuerdo con los parámetros de la propia sociedad mayoritaria. Pensé, en ese momento, que si la Constitución era un pacto social en el que esta sociedad se había embarcado hacía más de 25 años, con la decisión sobre Feliciano dicho pacto quedaba en entredicho.
El editorial de El Espectador recoge la esencia del debate al plantear que, si bien debe reconocerse la autonomía de la jurisdicción indígena, esta debe sujetarse al respeto de ciertas garantías que acoge la Constitución para todo ciudadano colombiano: el respeto al debido proceso y a no recibir tratos “injustos” (sic). Me pregunto: ¿Acaso nociones, como las del debido proceso no son producto de lógicas propias del mundo occidental, lejanas en muchos aspectos de las lógicas propias de los pueblos indígenas? ¿Aceptar la diversidad cultural sólo por aquellos aspectos folclóricos y visibles, como las danzas o la lengua, es dable en un Estado de Derecho pluriétnico y multicultural? ¿Qué es trato injusto: someter a 20 latigazos a una persona acusada de espionaje e infiltración en un momento de gran tensión —nada menos que en la época de mayor auge de los mal llamados “falsos positivos”— o mostrar a la prensa a un líder indígena, cuya trayectoria y peso entre las organizaciones indígenas han sido ampliamente reconocidos, esposado como un peligro delincuente?
Hay numerosos temas, harto sensibles, en los que el Estado y el conjunto de la sociedad deben ponerse de acuerdo en cuanto a los alcances del reconocimiento constitucional de la diversidad cultural y de todo lo que ello implica. Educación propia, salud propia, administración propia y justicia propia son, entre otros, temas que deben pasar por un examen riguroso y constructivo a riesgo de que, basados en valores y principios que creemos universales, sigamos con la exterminación sistemática de los pueblos indígenas. Porque no nos digamos mentiras: los argumentos religiosos sobre los cuales se exterminó y diezmó a la población indígena en siglos anteriores estaban basados en valores que se consideraban universales y justificados: un solo dios y una sola religión.
Si se insta a que la justicia indígena debe hacerse bajo los principios del derecho positivo occidental, entonces ya no es justicia propia. Es justicia indígena disfrazada.
* José Luis Socarrás. Antropólogo wayuu y profesor universitario. @socarraspi
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