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En respuesta al editorial del 16 de enero de 2022, titulado “Necesitamos un acuerdo político sobre salud mental”
No hay que negarlo: la salud mental en Colombia ha sido siempre un tabú que ni el Congreso ni los gobiernos de turno se han dispuesto a entender. Como uno de los más de dos millones de colombianos que sufren silenciosamente una alteración en la salud mental, escribo estas palabras con cuidado al prejuicio de familiares y allegados, pero en la necesidad de hacer un llamado para que seamos nosotros los ciudadanos quienes pongamos sobre la mesa el tema de nuestra salud mental, no los políticos.
Es cierto que en Colombia los vientos de la violencia marcaron a varias generaciones con heridas profundas en nuestras almas. No podemos negar que quizás estas heridas se hayan agudizado con la pandemia y también ha sido la constante violencia entre nosotros una de las razones por las que más del 4,7 % de la población colombiana sufre de depresión y sea prisionera de sus angustias. La noción de un acuerdo político sobre salud mental puede parecer coherente; sin embargo, ¿qué podemos esperar de un acuerdo político, si en la práctica no existe la suficiente confianza en las instituciones para generar un debate profundo y congruente?
El sistema político en Colombia esta fragmentado, hemos llegado a un punto inalcanzable de polarización y poner en el debate público temas como la eutanasia, la legalización de las drogas o ahora la salud mental es abrir una caja de Pandora que tiene pocos resultados en nuestra sociedad. Solo hace falta recordar el tercer intento fallido por regular el consumo de cannabis recreativo o el mero fracaso de conciliar un debate serio sobre la eutanasia en la legislatura pasada para ver que no hay una solución realista y a corto plazo para la salud mental de los colombianos.
Es cierto que romper esas dinámicas no es sencillo. Pese a que el mismo sistema de salud se ve fragmentado entre el dilema de garantizar una cobertura universal y prestar un servicio decente y digno con el paciente, como lo plantea la Ley Estatutaria 1751 de 2015, tenemos que hacer el esfuerzo para que la salud mental vaya más allá de ser un problema institucional y se aborde con nuestras familias, nuestros vecinos y amigos.
Vivir con depresión no debe ser una sentencia a un ecosistema hostil de burocracia y estigmas que aíslen al paciente hasta el punto de sentir vergüenza. Debemos, como sociedad, abordar la salud mental como un tema de educación emocional, pero que no quede solo en los discursos de los políticos sino que trascienda, como bien lo dicen en las universidades y en las conversaciones en casa.
Los colombianos estamos fragmentados, pero no podemos seguir siendo cómplices de dolores innecesarios. Debemos afrontar este problema de salud pública y romper esas dinámicas y estereotipos sociales que poco a poco nos han fraccionado y aislado dentro de nuestras familias. Debemos permitirnos hablar de salud mental y exigir mejores políticas públicas que permitan tener una vida digna. Debemos permitirnos sanar estos pequeños fragmentos.