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Por Iván Montenegro Trujillo
Con una perspectiva muy diferente a la de El Espectador, voy a demostrar, en primer lugar, que la propuesta es injusta y descabellada, en razón al abismo entre seres humanos —281 personas naturales— que, en Colombia, reciben ingresos mensuales promedio de $1.400 millones, 11.200 personas con ingresos/mes de $90 millones (Alvaredo, Vélez, 2014), y los 2,2 millones de personas que sobreviven en nuestro país con un poco más de un dólar al día. Gravar con IVA al 80 % de los productos de la canasta familiar es, llanamente, un atentado contra los derechos humanos de los pobres, los indigentes y la clase media.
Es, en segundo lugar, rústica y chambona porque se ha demostrado, mediante modelos de simulación, que sus efectos macroeconómicos son negativos: reducción del crecimiento económico, incremento de la inequidad y, para el próximo año, elevación de la inflación —un impuesto más— (Ferrari, 2018). Esta reforma contribuye al estancamiento y a la mediocridad en la dinámica de nuestra economía, debido a que en el campo de la innovación retoma un incentivo “jurásico” y dudoso a la adquisición de tecnología mediante la devolución del IVA, siendo esta modalidad la más elemental de la transferencia de tecnología, y que además es contradictoria con el actual beneficio fiscal de la deducción del impuesto de renta por inversiones en investigación aplicada e innovación, que es, asimismo, en la actualidad, un mecanismo efectivo, aunque totalmente insuficiente, de impulso a la innovación en las medianas y grandes empresas únicamente.
Como en los países de la OCDE, el enfoque debe ser gravar, en mayor medida, con impuestos directos —ingresos y riqueza—, logrando que el mayor recaudo provenga de las personas naturales —élite— y que la distribución del ingreso mejore después de impuestos. Se han realizado cálculos en los que si se grava al 1 % más pudiente de las personas naturales, que concentran el 21 % de los ingresos —$216 billones— y el 41 % de la riqueza, con un 35 % de deducción y el 37 % de impuesto, se puede lograr un límite por recaudo de $52 billones (Kalmanovitz, 2018). De otra parte, es sabido que este decil tiene en el exterior US$100.000 millones (Ortega, 2014), que mediante amnistías y normalización tributaria han revelado, hasta ahora, una suma equivalente al 1,73 % del PIB (Vélez, 2018), se podría estimar que al menos un 50 % de aquella suma se puede retornar al país. Es justo, entonces, incrementar el impuesto a la riqueza.
En la perspectiva de apoyar el proceso de paz, y retomando la antigua, sustentada y reiterada sugerencia del empresario liberal Dr. Echavarría Olózaga (1997), es justo y necesario implementar un impuesto catastral adecuado para exigir incremento en la productividad del agro. La propuesta, en su integralidad, debe apuntar a un cambio profundo del modelo de desarrollo productivo que sea sostenible y moderno, trabajando con la resiliente comunidad de investigadores, exigiendo de paso a Colciencias que abra al público la información de grupos de investigación y su producción para apoyar a los sectores empresariales y sociales. Y la reforma debe ampliar los impuestos al uso de combustibles fósiles debido a las aterradoras perspectivas del cambio climático, (Informe 1,5 ºC, 2018). Es una manera de poner en práctica el principio de que “todos ponemos” para construir nuestra nación, en una “guerra” decidida contra el atraso y la injusticia.
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