Sobre la constituyente

En el texto se dice que el hecho de que algunas voces hayan sugerido —entre las cuales se encuentra la mía—, luego del fracaso de la reforma de equilibrio de poderes, que se debe hacer una Asamblea Constituyente para reformar la justicia, parte de una fantasía y de un juicio errado (que la Asamblea es, como dice, una “varita mágica”), cuando no de un vicio “en la mentalidad política colombiana” que lleva a que sea más fácil “hacer borrón y cuenta nueva” y no “construir sobre lo construido”.

Contribuyendo al debate el editorial sugiere que se siga la propuesta de José Agustín Suárez de hacer una ley estatutaria que mejore la transparencia en la repartición de recursos de la rama. Sin ser este el único tema problemático en la justicia, parece que para El Espectador la solución legislativa no es un síntoma de esa mentalidad política colombiana, sino una solución.

Me reafirmo en que el último round de la reforma de equilibrio de poderes deja claro que las cortes en Colombia no quieren reformarse, ni quieren presenciar, ni permitir, ni participar en una reforma integral a la Rama Judicial, así hayan manifestado en esta semana que ellos están trabajando en una reforma hecha solo por ellos. En anteriores intentos de reforma soy testigo de que se les ha consultado y oído muchas de sus sugerencias.

El editorial supone una defensa de las instituciones y de la Constitución de 1991, que “apenas tiene un cuarto de siglo”, y a la que no “hay necesidad de cambiarla”. La Constitución, sin embargo, ha sido cambiada en 37 ocasiones y aún no es perfecta, y la siguiente no va a serlo tampoco; sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente puede ser útil para corregirla y adaptarla a las necesidades de un Estado moderno.

“¿Qué nos falta, dentro de lo que hay hoy en día, que no pueda lograrse por las vías legislativas y judiciales?”, se pregunta el editorial. Pues nos falta mucho, además de alcanzar la paz, nos falta una debida reforma a la parte orgánica de la Constitución Política, pues hoy tenemos una Fiscalía incontrolable y mal ubicada, los demás organismos de control claman reformas a sus acciones disciplinarias y fiscales; tenemos un complejo sistema judicial que impide la cosa juzgada; los magistrados de las altas Cortes sin controles efectivos; unos jueces que invaden permanentemente los campos de otras ramas del poder público y que ordenan gastos sin la correlación de ingresos; unas fuentes del derecho inestables que producen inseguridad jurídica; un régimen territorial que ha permitido que el centro político se olvide de regiones enteras y que tal olvido no tenga consecuencias.

Se necesita una reforma estructural a la Rama Judicial y más después del fallo de la Corte Constitucional y una reforma al Estado, que lo adapte a la paz por venir, a la justicia social, a la protección del medioambiente y especialmente, a las necesidades cotidianas de los colombianos, y no que permita un Estado que se vare en carruseles, en el mareo de las puertas giratorias y en independencias mal entendidas.

El riesgo —que sin duda existe— de que esa constituyente pueda ser puerta para que entren fuerzas oscuras y se inicien procesos nocivos debe ser controlado. Necesitamos un pacto político en el que las fuerzas se comprometan a respetar el Estado Social de Derecho que la constitución del 91 nos dejó. Y esa opción, ya que vamos a defender las instituciones, es institucional. La consagró la Constitución de 1991. Lo que es necesario establecer después del pacto es el momento adecuado para hacerlo.