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Sobre el matrimonio infantil (I)
Concuerdo con el editorial publicado el 11 de febrero. Los hechos, como lo relata, son aterradores. Como defensor de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo he podido observar, sobre todo entre las comunidades más pobres del país. En muchos casos los matrimonios son entre niñas menores de 18 años y hombres mayores que las maltratan y explotan. El Congreso ha sido ciego frente a esta realidad. También frente al hecho de que toda relación sexual con una menor de 14 años es delito, y aquí reina la impunidad. Uno se pregunta por qué no se les permite votar pero sí casarse a las personas menores de 18 años.
Pedro Quijano
Sobre el matrimonio infantil (II)
Sugiero otra temática: no se trata de preguntar por qué, sino de indagar y determinar las causas que generan la propuesta de tal prohibición y a qué población va dirigida. Indaguemos sobre los embarazos en menores de edad, la falta de oportunidades y de acceso a educación digna para las clases pobres, en las cuales se recurre no tanto al matrimonio, sino a la convivencia marital, figura de reconocimiento legal que no se menciona en el editorial. En muchas ocasiones la prohibición es a la única posibilidad o camino para una situación de embarazo en menores, el desplazamiento y las penurias que ocasiona la desigualdad. Necesitamos legislación que aborde y cambie los modelos inoperantes de educación y salud, que garantice a la población oportunidades de desarrollo personal y laboral para evitar que los jóvenes menores de edad, pobres y carentes de oportunidades tengan como único recurso casarse o vivir juntos por causa de un embarazo. ¿Cuándo se ha visto en el anuncio de un matrimonio que incluye menores que pertenecen a la llamada clase social alta? ¿Para quién se legisla con esta propuesta?
Dora Aponte Melo
Elecciones legislativas
En su reciente columna, Rodrigo Uprimny pidió a la ciudadanía que no deje para después la decisión del voto para los comicios legislativos. Señala, además, que la nueva dinámica de las presidenciales ha significado que los debates entre precandidatos acaparen la atención pública que regularmente puede dedicarse a la información y discusión sobre candidatos al Congreso. Urge que se tomen medidas estatales para que no se repita este fenómeno de las “tres rondas” o, al menos, que se generen garantías para la elección informada de representantes a la Cámara y el Senado.
Valentina Valencia
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