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El pasado 19 de enero, El Espectador publicó una entrevista con un exasesor del Ministerio del Medio Ambiente, titulada «Minería: locomotora sin control», donde pone en tela de juicio una de las iniciativas centrales del presidente Santos y su gobierno: la minería en Colombia.
Como director de la Cámara Colombiana de la Minería, y en nombre del gremio que represento, quiero hacer algunas aclaraciones al escrito:
Es claro que la institucionalidad pública, como ocurre en otros sectores productivos en Colombia, no es la más adecuada para asumir el crecimiento del sector minero, razón por la cual desde el Ministerio de Minas y Energía y con el total respaldo del sector privado se viene trabajando en una reestructuración con la creación de la Agencia Nacional de Minerales, esquema que en el sector de hidrocarburos ha generado positivos resultados.
Que se requiera una institucionalidad más fortalecida no debe ser un pretexto para afirmar que es una actividad sin control, ya que adicionalmente a la institucionalidad minera (Ministerio, Ingeominas y gobernaciones delegadas), nuestro sector está permanentemente controlado y vigilado por el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, las entidades regionales de minas o de ambiente, las comunidades, las ONG, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, es decir, una serie de entidades públicas y privadas que vigilan los posibles impactos del sector.
Además, el sector minero responsable, con sus debidas excepciones, tiene un gran compromiso con los temas ambientales y sociales y en algunos casos los manuales o las guías de las empresas mineras son más exigentes que los de la misma normatividad.
Con todo este andamiaje de vigilancia, el control y el compromiso del sector minero responsable, es inaudito hablar de atropellos al medio ambiente o a las minorías étnicas en Colombia. Estos fueron los argumentos que usaron los intereses creados que durante años se opusieron a la reforma del sector, reforma que hoy tiene a Colombia como una potencia emergente en exploración y producción de petróleo y gas a nivel mundial, haciendo un aporte crucial al progreso de los colombianos.
Llamar la gestión del presidente y su equipo una “locomotora loca, que viene a arrollarnos a todos y que no tiene control”, es una irresponsabilidad y un irrespeto.
Así como se puede producir petróleo y gas sin destruir los bosques, acabar con las comunidades indígenas o contaminar el agua, es posible desarrollar una minería moderna, que respete el medio ambiente y traiga bienestar a las comunidades donde opera, y en general al país. Como hay muchos ejemplos en países como Canadá y Australia, pretender, como lo hace el entrevistado, que tenemos que escoger entre destruir la biodiversidad, el agua y nuestra riqueza cultural o aprovechar nuestra riqueza minera, es una gran mentira, un falso dilema.
Estamos seguros de que ni el actual gobierno, ni el gremio que presido, pretenden algo así. Vamos a desarrollar una minería con tecnología de punta, que proteja nuestra riqueza natural, nuestra cultura y nuestra salud. Somos colombianos, vivimos aquí, queremos bienestar y prosperidad, no ser atropellados por locomotoras sin control que sólo existen en la imaginación de personas cuyo interés desconocemos.
Procesos de minería artesanal como los que menciona el entrevistado son loables en los pocos lugares en que se pueden hacer con bateas en un río, pero sólo los procesos industriales de alta tecnología pueden ser debidamente supervisados, como es el caso de Canadá, que tiene los estándares ambientales más estrictos del mundo y una industria minera de gran importancia dentro de la economía nacional.
El entrevistado menciona a Jiguamiandó en Chocó como el “avatar” colombiano. La metáfora es muy creativa, pero equivocada. Según lo informado, no se ha podido establecer que el cerro Careperro históricamente haya sido usado como una zona de pagamento y, según algunos testimonios, el estatus “sagrado” se lo han dado personas foráneas.
Es importante conocer de las comunidades en forma directa y sin ningún tipo de interlocutores que tergiversen sus verdaderos deseos, si consideran viable, adicional a preservar sus valores, su cultura y su entorno, participar de actividades económicas que les permitan salir de su abandono y la miseria. Estas comunidades tienen derecho de brindarles a sus hijos bienestar, salud y nuevas oportunidades, sin atropellar sus tradiciones ni destruir el medio ambiente, permitiéndoles el progreso y el nivel de vida del que a todas luces disfrutan quienes —como el entrevistado— han tenido acceso a la educación, la tecnología y los medios para generar prosperidad.
El entrevistado asegura que somos “el país más biodiverso del mundo, a lo que no hemos podido sacarle réditos económicos” por culpa del gobierno Uribe y del gobierno Santos. Qué bueno sería que quienes tienen estas posiciones le mostraran al país proyectos reales de generación masiva de empleo, haciendo realidad ese potencial económico para beneficio de las comunidades apartadas y mostrar cómo son compatibles con una minería moderna que haga un aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad.
Hay personas e instituciones interesadas en llevar al país a un falso dilema de escoger entre biodiversidad o desarrollo. Desde el sector minero responsable tenemos la seguridad y la confianza técnica de que podemos y debemos contribuir al desarrollo económico y social del país con un gran respeto al medio ambiente y las comunidades. Somos un sector que genera polos de desarrollo en regiones donde el Estado no ha podido cumplir con sus obligaciones sociales, regiones donde la miseria económica es una constante. Impedir el desarrollo de estas comunidades so pretexto de un posible deterioro en ecosistemas es una posición egoísta con esas comunidades.
César Díaz Guerrero. Director Cámara Colombiana de Minería.
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