De los estudiantes de la Universidad Distrital

La ocurrencia reiterada de cuestionables episodios administrativos parece confirmar la existencia de un acuerdo tácito de confidencialidad en torno a los mismos. No de otra manera puede entenderse que a través de los años innumerables irregularidades, ampliamente conocidas en el ámbito de la opinión pública, hayan sido soslayadas de forma deliberada por autoridades estatales que, por mandato legal, deberían haberse preocupado por propiciar los esclarecimientos exigidos. La repercusión que en el ámbito académico generó ese cúmulo de indolencias irresponsables ha resultado en consecuencias devastadoras para un proyecto educativo cuyos fundamentos sustantivos han resultado inevitablemente desplazados, para dar paso al posicionamiento de interminables juegos de poder.

En el marco de las recientes movilizaciones universitarias en contra de la pretendida reforma a la Ley 30 de 1992, que estableció la normatividad para el funcionamiento de las universidades estatales, Alejandro Gaviria insertó un elemento de debate que bien puede contribuir a enriquecer la discusión relacionada con la educación pública en nuestro país: la corrupción existente en varias de dichas instituciones.

Posteriormente el Sindicato de Profesores de la Universidad Distrital (Siprud) se queja de que en las manifestaciones llevadas a cabo en los últimos meses, los estudiantes de la Distrital no incluyeron en sus exigencias ninguna denuncia específica sobre lo que ocurre dentro de la institución. Tal afirmación no corresponde a la verdad. Desde mucho antes del paro, estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación asumieron el deber de denunciar, con un acervo probatorio irrefutable, hechos de abierta corrupción agenciados por la anterior administración de Carlos Ossa Escobar, y la actual de Inocencio Bahamón Calderón. Así, con nombres propios. Es decir, la lucha contra la privatización que se ve venir no puede minimizar la lucha contra la privatización que existe desde hace tantos años. El nuevo alcalde de Bogotá ha mencionado dos premisas fundamentales. Una, que hay que seguir desmantelando mafias en la ciudad. Y dos, que él presidirá el Consejo Superior de la Universidad Distrital. Del modo consecuente como se conjuguen esas dos afirmaciones, depende en gran medida el futuro de una institución que le cuesta a la ciudad y al país más de 120 millones de dólares al año.

Leonardo Romero Martínez. Bogotá.