De Tierra Digna sobre el desvío del Arroyo San Antonio

Dejando aparte las valoraciones sobre qué tan “necesario” es realinear el cauce del Arroyo San Antonio, o si la cuestión debe ser más o menos preocupante por ser la cuarta vez que ocurre, o incluso si el hecho de que la empresa haya cumplido con los procesos exigidos ante el ANLA hace que el impacto ambiental y social sea menor, aparece así en el artículo: “Los reparos llegaron de habitantes de Boquerón, alejados del proyecto, liderados por la ONG Tierra Digna”. Boquerón es un corregimiento en el municipio de La Jagua de Ibirico, cuyos habitantes han sido duramente golpeados por los impactos sociales y ambientales tras 27 años de extracción carbonífera en la zona y cuyo reasentamiento involuntario por causa de la contaminación atmosférica, ordenado en 2010 por el Estado, sigue aún en veremos por falta de voluntad de las empresas mineras de reconocer las afectaciones de sus operaciones sobre los habitantes de la zona. Si alguien tiene autoridad para opinar sobre este particular, a pesar de que viva a 20 km. del arroyo, son precisamente las comunidades que habitan la zona, que llevan más de 30 años conviviendo con los efectos de la minería a gran escala y que han visto cómo sus espacios de vida y cultura, como el arroyo San Antonio, han ido desapareciendo al mismo ritmo que el carbón de sus suelos.

Lo que la empresa denomina “reparos” no es otra cosa sino el legítimo ejercicio del derecho fundamental de participación ciudadana, contemplado en la Constitución Política de Colombia; tampoco señala el artículo que la comunidad de Boquerón es reconocida por ANLA como afectada directa dentro del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental de La Loma, en el que se autoriza, entre otras cosas, la nueva realineación del Arroyo San Antonio. Hubiese bastado con consultar la resolución con la que se autoriza el desvío, así como las órdenes de reasentamiento que recaen en cabeza de Drummond respecto de la comunidad de Boquerón, por la operación de la mina La Loma.

El periodista ignoró el hecho que Tierra Digna, a través de dos de sus abogadas, sólo participó en calidad de “interviniente”, como lo hicieron otras 76 personas. En esa calidad mal podría Tierra Digna liderar cualquier posición, ya que desempeñó el papel de un ciudadano más. Señalar que nuestra institución lidera la oposición ejercida por la comunidad del Boquerón, parafraseando incluso al gerente ambiental de la empresa Drummond en la expresión de su opinión, nos parece una acción irresponsable.

Elisabet Périz.

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