De Uribe Vélez sobre una columna

Siendo senador, Álvaro Uribe Vélez fue ponente de la Ley 100, que permitió garantizar a toda la población el acceso al servicio de salud. Antes de dicha ley, sólo el 28 por ciento de los colombianos tenían cobertura en salud: los estratos altos accedían a través de la medicina prepagada, los estratos medios a través del ineficiente Seguro Social y los estratos bajos recibían atención en los hospitales públicos, que por su deficiente servicio se les llamó ‘hospitales de caridad’. La Ley 100 no favoreció a los más pudientes sino a toda la población colombiana, al abrirles las puertas de las clínicas de los ricos a los ciudadanos menos favorecidos.

Uribe sigue defendiendo la rebaja de impuestos, no sólo a ricos y terratenientes sino a todos los colombianos, especialmente a la clase media, bajo el pensamiento que es mejor pagar más salarios y menos impuestos. Lo anterior no obedece a un capricho ni a la intención de ayudar a los ricos, sino para regresar el país a la senda del progreso y a la pantalla de inversión internacional que busca generar empleo, pues la tasa de tributación actual es asfixiante, poco competitiva y espanta la inversión.

El expresidente Uribe ha manifestado que el Gobierno Santos nos lleva por el camino castrochavista. El acuerdo Santos-Farc amenaza a la propiedad privada. Contrario a lo afirmado por el columnista, sí se pactó la expropiación y extinción del dominio de las tierras y el aumento desmedido de impuestos prediales para “desconcentrar la propiedad de la tierra”, tal cual lo como hizo Chávez en Venezuela, en donde ya van más de cinco millones de hectáreas expropiadas y en donde se eliminó el sector productivo de dicho país.

Adicionalmente, el acuerdo abre la puerta de la política a terroristas Farc, responsables de delitos atroces, que abiertamente, a diferencia de Chávez que lo ocultó, se han confesado marxistas-leninistas, y buscan instaurar en nuestro país las ideas del socialismo siglo XXI.

Lo único que busca el expresidente Álvaro Uribe es defender la democracia y el Estado de derecho de los riesgos de los narcoterroristas que durante décadas han luchado por acabarlos.

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