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En mi opinión, un gran y muy profundo cambio que podría tener el Ejército para su enaltecimiento es distinguir entre los posibles errores y tal vez hasta algunos eventuales excesos cometidos por militares (como siempre ocurre en las guerras; es una de las desgracias de ellas), diferenciados de aquellos abominables crímenes cometidos por tipos indignos de portar las sagradas insignias y uniforme (ordenamiento y ejecución de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, violaciones, colaboración con paramilitares en masacres…).
Delitos mucho más graves, pues los autores obraron como autoridades; y a las autoridades les debemos respeto y acatamiento. Si los primeros tienen y merecen fuero y consideración especial por ser servidores protectores de la sociedad, los segundos —una vez comprobadas sus atrocidades, juzgados y sentenciados— debieran ser de inmediato expulsados por sus superiores por mancillar el honor militar y por ensuciar la dignidad del Estado que representaban y que debieron honrar. Y además, deben ser tratados como traidores, pues sus execrables acciones destruyen la estabilidad del Estado y la fe y confianza ciudadana en las instituciones. Es triste presenciar cómo algunas importantes personalidades civiles y exmilitares quieren confundir a la ciudadanía afirmando, con medias verdades o falsedades inaceptables, que al repudiar a esos indignos criminales se está contra nuestras Fuerzas Armadas. Esos irresponsables personajes —que dicen atacar la impunidad pero precisamente la propician con sus opiniones encubridoras— se prestan a suspicacias, pues muchos en la comunidad nacional e internacional se preguntan y nos preguntan acerca de si acaso los motiva la complicidad; de cuál será la razón oculta para querer encubrir sanguinarios criminales con el discurso-disfraz de dizque defender a la uerza pública. Camilo Mendoza Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.
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