¿Dónde está la política criminal?

A propósito de las recientes modificaciones a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal colombianos, que exteriorizan nuevamente esa proclividad de nuestros gobernantes y parlamentarios a legislar coyunturalmente, para la tribuna, pero sin medir las consecuencias de toda índole a corto, mediano y largo plazo y que convergen en una “diarrea legislativa” que, piensan ellos, constituyen la panacea para solucionar puntuales casos del cotidiano discurrir de una sociedad tan conflictiva como la colombiana, me pregunto como ciudadano y funcionario judicial en el área Penal  si existe en Colombia una auténtica política criminal y si, además, el Gobierno nacional, el Congreso, la Fiscal General y nuestro inefable Consejo Superior de la Judicatura han previsto los inmensos recursos humanos y logísticos que esa cadena legislativa de aumento de las penas de prisión, la recurrente creación de nuevos delitos, la negación per se  por el legislador de beneficios o subrogados como la libertad condicional, van a exigir para que estas nuevas leyes se implementen con la celeridad y eficiencia.

Si se observa que nunca esta proliferación de leyes y códigos penales ha servido de verdadera solución a problemas estructurales como el propio temperamento intolerante y explosivo del colombiano promedio, no vislumbro que estos aumentos de las penas de prisión que se suman a los de las leyes 890 de 2004 y 1142 de 2007, sean la solución a la cruda y recurrente violencia colombiana y por el contrario agravarán el ya innegable colapso de la justicia penal de nuestro país. ¿O no han pensado en que estas nuevas leyes requieren de un urgente e ingente aumento real de jueces penales, fiscales e investigadores para perseguir, investigar y sancionar a los delincuentes? ¿Se habrá reflexionado en que de no construirse con urgencia nuevas cárceles que se sumen a las hoy congestionadas, se empeorará gravísima e irremediablemente el colapso penitenciario?

Recordemos que en términos reales y por el exponencial aumento de la población colombiana, de la delincuencia de todos los pelambres, de la conflictividad temperamental de los colombianos, de la mentalidad de “judicializar” todo problema sin buscar soluciones menos beligerantes, demoradas y agravantes de la inveterada congestión judicial, el número de jueces, investigadores y guardias penitenciarios es ya dramática e innegablemente muy inferior al que un país con tanto conflicto como Colombia necesita.

  Jaime Enrique Lozano. Bogotá.

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