Dos cartas de los lectores

Acabar con el machismo es un programa de la Secretaría de la Mujer del Distrito Capital. Esta iniciativa vale la pena apoyarla porque ataca uno de los factores que más generan violencia de género. Lo bueno es que lo percibe desde lo cultural, es decir, desde esa herencia generacional de costumbres mal concebidas que han creado pactos implícitos en el inconsciente colectivo, arraigando estereotipos que han incubado una jerarquización sexista, sesgada y posesiva y unos roles excluyentes en educación y formación de los dos sexos. Esta jerarquización machista permitió que se construyeran paradigmas egoístas y se formaran concepciones de infravaloración de lo femenino. Ello ha hecho que se mire a la mujer como un ser inferior, no como a ese que está en igualdad de condiciones y que merece todo el respeto. Nada justifica la violencia de género, ningún sexo es superior a otro; son distorsiones culturales que hoy no tienen ninguna valoración. Hay que romper esos paradigmas culturales sexistas y equilibrar los conceptos para corregir la distorsión. Hay que reconstruir los estereotipos sexistas para crear las condiciones sociales que permitan que el machismo sea cosa del pasado y reconocer que ha sido uno de los errores más graves de la formación bajo los valores de lo patriarcal. Desde los hogares y los centros educativos hay que construir la igualdad de condiciones, ningún sexo es más que otro como sujetos de derechos, ni en ninguna otra circunstancia. La condición biológica que permite unas capacidades mayores en fuerza no es motivo para ejercer la violencia. Aquí opera el Estado con sus leyes para equilibrar ese desbalance. Esa superioridad debe usarse para ampararla, no para vejarla. Édgar Guillermo Bejarano Chávez.

Sobre el jubileo

¿Somos o no un Estado laico y aconfesional? Entiendo que lo somos constitucionalmente, que no somos más el país del Sagrado Corazón, y, siendo asi, el Estado no puede dejar su política judicial, carcelaria en manos del llamado santo padre. De verdad que al parecer ningún funcionario del Estado es consciente de la situación; continúa el presidente, y cualquier funcionario, participando en nombre del Estado en variadas acciones que involucran las creencias religiosas. Está muy claro, por lo repetido, que cada funcionario, incluido el presidente, es libre de ejercer la religión que escoja, pero no en funciones estatales. Y a propósito: ¿el Estado pagará todos los gastos que generen la anunciada visita papal? ¿En qué acción ilegal incurrirían aquellos funcionarios que aprueben el pago de esos gastos? Gregorio Samsa.

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