El yin y el yang de la educación pública

Muchos de nosotros crecimos viendo cómo nuestros profesores se tomaban las avenidas principales con grandes carteles, silbatos, gritando arengas contra el Gobierno y reclamando respeto por su profesión. Para cualquier ciudadano de a pie, esta es una escena lamentable y dolorosa, ver a nuestros maestros, muchos de ellos con edades ya avanzadas, en esa situación: salir a la calle a luchar por un salario digno. Esto dejaba una imagen de los maestros como “mártires” cuyo único error fue haber escogido esa carrera tan menospreciada y poco tomada en cuenta por el Estado.

No obstante, indagando un poco, se puede comprobar que ser profesor no es tan malo como nos lo han hecho creer por muchos años. Para entender esto es necesario remitirse a los estatutos del Ministerio de Educación Nacional, mediante los cuales se rige la profesión docente en Colombia. Allí se encuentran los estatutos 2277 y 1278, uno más reciente que el otro, pero igualmente vigentes.

Esto lleva a encontrar que aún hay profesores dictando clases en instituciones oficiales, quienes se rigen por el estatuto 2277 de 1979, el cual trae consigo una serie de ventajas pensionales y salariales. Entre estas ventajas se encuentra, por ejemplo, la doble pensión ordinaria-gracia a los 20 años de servicio. Así mismo, sus cesantías no son manejadas por el Sistema General de Pensiones, sino por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el cual anualmente los compensa con un retroactivo por cada año de trabajo; es decir, un sueldo extra. De igual manera, estos profesores no pueden ser objeto de evaluación de rendimiento y pueden salir pensionados y, aun así, seguir ocupando sus cargos hasta cumplir los 70 años, si así lo desean; en otras palabras, reciben remuneración doble: pensión-sueldo-primas-retroactivos. Además, sus ascensos eran tan rápidos que solo era necesario presentar un seminario o el número de años de experiencia para llegar hasta lo más alto del escalafón.

Por el contrario, encontramos que el estatuto 1278 de 2002 posee una serie de limitaciones para los docentes y no existen las mismas ventajas pensionales y de cesantías. Sus ascensos son más complejos y deben poseer una formación académica posuniversitaria para llegar a ganar la cuarta parte del sueldo de un profesor regido por el estatuto 2277. Igualmente, deben someterse a un concurso de méritos y anualmente ser evaluados en diferentes aspectos. Teniendo en cuenta estas dos perspectivas, es fácil comprender por qué a un profesor que tiene más o menos unos 60 años no le importa estar bajo el inclemente sol, ni quedar sin voz en las dichosas marchas, porque simple y sencillamente se beneficia cada vez que el Gobierno decide sentarse a mejorarle su “pobre sueldo”.

El problema de la educación y la calidad no es del todo culpa del Gobierno, la calidad se basa en la desigualdad que hay al interior del magisterio y que está afectando el desempeño de los nuevos docentes, quienes ven cómo unos compañeros reciben sueldos exorbitantes a pesar de que sus pedagogías son de hace 30 años. La asociación sindical Fecode ha tratado de esconder la verdad, tapándola con cortinas de humo y culpando al Gobierno por la baja inversión. Sin embargo, pensemos si son siempre válidas las exigencias sindicales y si es tan necesario afectar las clases por unos cuantos.

Juan Carlos Rozo.

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