Gazapo editorial el 27 de agosto

Segunda, de conformidad con las reglas de juego (Ley 906 de 2004 y desde luego la Carta Política), el deber de la Fiscalía es probar la responsabilidad del procesado. La del ciudadano convocado a juicio, si lo quiere, si es de su estrategia defensiva haberlo o no, contrarrestar la actuación del acusador, es decir, no es deber del imputado probar su inocencia, tal afirmación conduce a un equívoco constitucional de alta monta que no puede hacer eco en nuestra cultura. La presunción de inocencia es un status del ciudadano, sólo desvirtuable a través de un proceso penal en el que la fiscalía tiene el deber-obligación de probar la comisión de un hecho penalmente relevante y la responsabilidad del ciudadano, si se atrevió a imputar y acusar.

José Élver Barbosa Hernández. Bogotá.

Cárcel para excomandante del Ejército

Señores El Espectador:

Siempre veo con angustia estas noticias muy seguidamente publicadas —hoy me refiero a la nota de agosto 25, titulada “23 años de cárcel para excomandante de Unidad del Ejército por ‘falso positivo’”—, y pienso y repienso cómo se originaron estos delitos que van directamente y contra los más desvalidos e indefensos. Son hechos, además, por la entidad más “respetable, seria y digna”, como son y deben ser las Fuerzas Armadas, cuyo lema es “se cumplen las órdenes o la milicia se acaba”. Y hay dos mandos superiores, comandante supremo y ministro de las Fuerzas Armadas, ¿y se afirma que los delitos se dan en la parte inferior? Y nadie ha dicho de dónde salió la orden. Eso no se lo inventaron los soldados porque, precisamente, “se cumplen las órdenes o se acaba la milicia”.

Lo mismo pasó con los paramilitares. Alguien les dio la orden de acabar con la guerrilla y todos sabemos qué pasó, con quiénes acabaron, a quiénes mataron y cómo trataron de ocultar los muertos: motosierra, hornos crematorios, fosas comunes y el engorde de los cocodrilos en los grandes ríos de Colombia. Dejo la inquietud…

Angel Alape. Bogotá.