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Durante cinco días, cuando se dio a conocer por los medios populares de comunicación la noticia sobre los riesgos del glifosato, he estado esperando que la lógica en torno al tema sea la que prevalezca.
Resalto la loable labor del viceministro Fernando Ruiz respecto a su recomendación sobre el glifosato en relación con sus funciones y estudios. Pero en cambio con tristeza he visto como hasta este tema se ha politizado. Son una vergüenza los airados comentarios del ministro de Defensa (administrador de empresas y economista), quien ignora los alcances de un estudio que alerta a la salud y defensa de los colombianos, especialmente la de los más vulnerables, como son los campesinos que se encuentran lejos de cualquier centro de salud o sistema de control y seguimiento a la población en cuestiones de salud. Más preocupantes me parecen las declaraciones del procurador general de la Nación (un abogado), quien ha declarado que le preocupa el control de los cultivos ilícitos, pasando por alto que su función establecida en el artículo 118 de nuestra Constitución Nacional lo encarga de “La guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. Ni lo uno ni lo otro. Y aún más triste es ver que en las entrevistas que se han hecho a estos dos representantes y defensores del pueblo solamente hayan estado reporteros y no haya aparecido algún periodista que les pregunte si el derecho a la vida y a la salud de los colombianos, así sea de un pequeño número campesinos expuestos durante cuatro décadas a este tóxico, está por debajo de los intereses políticos o de estrategias militares. No me deja menos sorprendida la actitud de la academia, que no se manifieste al respecto cuando desde hace diez años se han venido emitiendo comunicaciones científicas que alertan del riesgo toxicológico de este herbicida. Pilar Delgado Niño. Bogotá.