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Siguen los amigos del Consenso de Washington cumpliéndole a la privatización de los bienes públicos.
Isagen es de todas las familias de Colombia, sobre todo de aquellas sin poder de compra. Lo que no se entiende es que hace unos pocos meses se ufanaban de que eran amigos de La Tercera Vía. Hoy vemos, con la inminente venta de Isagen, que todo ello era pura fanfarria, fantasía y mentirijilla.
Estoy con El Espectador, que en su poderoso editorial nacionalista del 17 de septiembre es nítido, contundente y transparente, cuando deja inquietudes de alta categoría analítica cuando dice lo que podría venir con su venta al intuir “un posible monopolio privado de la generación de energía que aumente los costos para el colombiano particular y la cantidad de impuestos que se dejen de obtener de Isagen si sus dueños son extranjeros y responden a otra jurisdicción tributaria”.
La Constitución es muy clara en la definición del Estado, y es por ello que voces autorizadas, como la de los 80 senadores que se oponen a tal enajenación del patrimonio público, no pueden ser desoídas y mandadas al cuarto de San Alejo. Tampoco el editorial en comento, porque Colombia es democrática, participativa y pluralista.
El bien común no puede estar expuesto a tales negociaciones. La finalidad social de los servicios públicos se tiene que conservar siempre. Además, la energía es fundamental para la competitividad. El Estado no puede perder soberanía en ellos. El Estado debe tener sus rentas propias. El Estado también debe trabajar con seriedad y diligencia, como lo hace siempre el sector privado. No todo puede ser burocracia, mucha de ella no cumpliendo con seriedad y pasión su actividad.
La contratación
Los hechos conocidos en materia de contratacion de personal en la Fiscalía, y meses atrás en la Procuraduría y en la Contraloría, no son hechos aislados. Obedecen a viejas prácticas clientlistas y de botín que no se han superado, a pesar de la Constitución de 1991 y la consagración del derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público. No hay entidad pública en todo el territorio nacional en la que sus directivos no hagan uso de la figura de la contratación civil para pagar favores políticos o personales de forma arbitraria. Situación que es aun más grave si se tiene en cuenta que existen indicadores que muestran que cerca del 80% de las nóminas estatales están conformadas por contratistas civiles. Un menor porcentaje son funcionarios de carrera que para acceder mediante este mecanismo deben esperar por lo menos ocho años, y otro menor porcentaje son funcionarios provisionales, temporales y supernumerarios que son vinculados igualmente por intereses clientelistas.
Esta es una tarea que sigue pendiente para el Estado colombiano y el posconflicto y que debe ser requisito de mayor claridad en la aspiración a pertenecer al rico club de países de la OCDE.
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