Jalón de orejas

Primero que todo, Palomino es corregimiento del municipio de Dibulla, mientras que Mingueo no es un municipio, es también corregimiento de Dibulla, lo cual me parece desconcertante en un periódico como el de ustedes que siempre ha tenido una capacidad investigativa rigurosa, como para que caigan en esas equivocaciones que se solucionan consultando Google antes de mandar a prensa ese editorial. No me explico de dónde sacaron que Mingueo era municipio, y que una supuesta ordenanza del Concejo municipal  modifica el Esquema de Ordenamiento Municipal (EOT) de Mingueo.  Si no están seguros de la información de Google, entonces llamen a la Gobernación de La Guajira para saber la situación el ordenamiento político administrativo, porque veo que el error de colocar a Mingueo de municipio deriva de páginas web que promueven el turismo en Palomino, que no se toman la molestia de indagar debidamente la información.  Por lo que estuve investigando, en Mingueo se hizo una socialización del EOT en 2013 y creo que de ahí radica la confusión que derivó en que Mingueo era municipio. Jaime Fernando Gutiérrez Mejía. Antropólogo Universidad Nacional. El informe de HRW A pesar que las elites políticas y militares tratan de ocultar, una y otra vez, las conocidas verdades señaladas por Human Rights Watch sobre los macabros asesinatos extrajudiciales, llamados “falsos positivos”, es imposible desvirtuar la realidad. Sofismas que no admiten la menor credibilidad ante los abundantes y contundentes testimonios, videos, fotografías, confesiones de involucrados y estadísticas que reposan en las fiscalías, donde se investigan más de 3.000 asesinatos durante la época de la “Seguridad Democrática”. Política incentivadora de ascensos militares, vacaciones y dinero, a los victimarios de jóvenes inocentes, solo para hacer creer que dicha política era muy eficaz. El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, y el jefe del Ejército, general Jaime Lasprilla, aparecen nombrados en dicho informe como posibles responsables de tan abominable práctica. El general Rodríguez tiene investigación abierta en la Fiscalía, contrario a lo afirmado por el presidente Santos.  Dejando de un lado el manido argumento, que solo son unas cuantas “manzanas” las responsables, le corresponde a la justicia darle celeridad a la gran cantidad de investigaciones para que la Comisión   de la Verdad logre plasmarla para la historia, reparar a las víctimas, hacer justicia y nunca repetir la infame política.  Omar León Muriel A. Medellín.  Envíe sus cartas a lector@elespectador.com