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La reciente aparición de la Fiscal y de la Contralora en una portada de revista social produjo en mí un cúmulo de impotencia y de profundo dolor de patria.
No sólo por el hecho de ser una víctima directa del afán mediático de la justicia, sino porque he tenido una trayectoria férrea de difusión y protección de los derechos humanos.
En mis largas horas de estudio aprendí que la libertad es el derecho más importante después del de la vida y que la presunción de inocencia es el pilar de las garantías judiciales; sin embargo, en Colombia dictaron medida de detención preventiva en contra de mi esposo basados únicamente en indicios de responsabilidad, lo que se encuentra prohibido por la CIDH, pues atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a no ser privado de la libertad de manera arbitraria. Pero eso a nadie le importa; lo único que vale es seguir el circo romano, porque a la gente le gusta oír que el servidor público es corrupto y que se le castiga con cárcel. ¡Así no haya sido juzgado, así no existan pruebas de dolo en su contra!
Se le imputó a Juan David Ortega, exsecretario General del Ministerio de Agricultura, un peculado por apropiación de terceros a favor de más de 33.000 familias que se beneficiaron de apoyo para el riego y drenaje, y ante semejante absurdo, se cambió la acusación por algo aún más descabellado: ahora se le acusa de peculado por apropiación de terceros en donde el tercero es la OEA, a través del IICA, por el rubro de administración, difusión y publicidad de los convenios. Vale recordar que todos los convenios con organismos de cooperación internacional que se firman con entidades públicas en Colombia conllevan dichos rubros.
En últimas, según el postulado de la Fiscalía, estos técnicos coadyuvaron a la OEA para robar al Estado. ¡Tendrá que pronunciarse este organismo multilateral ante tanta ignominia!
Ya no importa entonces que los privados hayan parcelado sus tierras, engañando al Estado, según lo explicó Valerie Dominguez; lo que importa es mantener una sed mediática de lucha contra la corrupción, a costa de cinco técnicos que cumplieron de buena fe con el mandato legal de ejecutar la Ley de Agro Ingreso Seguro. Dista mucho esta justicia de los postulados de Cesare Beccaria en dónde nos advertía de aquellos casos en donde “las leyes y el juez tuviesen interés, no en averiguar la verdad, sino en probar el delito, como si el condenar un inocente no fuera un peligro tanto mayor cuanto la probabilidad de la inocencia supera la probabilidad del delito”.
Los que al parecer engañaron al Estado gozan de libertad, mientras los que trabajaron sin descanso y con amor a la patria están en la cárcel. ¡Cuánto daño hace el afán de protagonismo! El mensaje de los órganos de control es que en Colombia paga ser “avión” y que el servicio público es de altísimo riesgo pues se garantizará siempre su presunción de culpabilidad.
Carolina Villegas de Ortega. Bogotá.