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Con el advenimiento en buena hora de la Carta Política de 1991 se consagró en los artículos 22 y 41, como derechos fundamentales, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Tan importante norma constitucional ha movido al país creyente y escéptico, aupando a los contendientes a que transiten sin sosiego por los caminos de una paz verdadera y estable.
El gobierno de Juan Manuel Santos se ha visto compelido a adelantar y promover el controvertido proceso de paz de La Habana, acudiendo a la buena fe de los grupos insurgentes y, tratando de persuadir a la sociedad colombiana, para que juegue un papel histórico en la solución pacífica de tan vetusto y anacrónico conflicto armado.
Contando con el compromiso de nuestros niños y jóvenes, surge la Ley 1732 del 1º de septiembre de 2014, por la cual se establece la “cátedra de la paz” en todas las instituciones educativas del país, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia.
La palabra la tienen ahora las instituciones universitarias y de educación preescolar, básica y media, quienes habrán de difundir en sus docentes y discentes el espíritu y el contenido mismo de la Ley, como que sin hesitación alguna será de total acogida por la sociedad y la inmensa población educativa, amén de la esperanza fincada en ellos por una dolida Nación que reclama a voces la paz y la reconciliación entre todos los colombianos, sin distingo alguno de raza, credo e ideología política.
Orlando Morales. Bogotá.
Fe de erratas
En la edición de la Guía Estudiantil que circuló el pasado domingo 28 de septiembre, de manera gratuita con El Espectador, se incluyó por equivocación un logo de la Universidad Libre en las páginas 26 y 27, acompañando una información institucional de la Universidad de Boyacá. Pedimos excusas por la confusión que haya podido generar entre nuestros lectores y por los inconvenientes ocasionados a ambas instituciones.
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