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Muchos queremos que se acabe la corrupción de una vez y para siempre. ¿Y la solución? ¿Más leyes? El asunto de la corrupción en Colombia no se trata de leyes excepto, quizá, porque tenemos demasiadas. En vez de incluir más, deberíamos buscar cómo simplificarlas en todos los campos: civil, comercial, laboral, penal y otros.
Ya tenemos el Estatuto Anticorrupción, entidades de control e incluso, como si fuera un chiste, tuvimos un fiscal anticorrupción que resultó corrupto.
Bernard Madoff fue condenado en Estados Unidos a 150 años de prisión —la máxima pena permitida— por el fraude que manejó durante más de dos décadas y sólo alrededor de la mitad del dinero se ha recuperado para darlo a las víctimas, sin considerar la inflación, ni los intereses. Sin embargo, eso ocurrió en el sector privado y sabemos que más grave es cuando se trata de los dineros públicos.
Según las estimaciones, la corrupción le cuesta al país alrededor de $50 billones anualmente, cifra que debe ser incluso mayor si consideramos que el flujo de dineros no es fácilmente trazable. Si la consulta costara $300.000 millones, eso supondría un costo de alrededor de $6.000 por ciudadano, y si costara $40.000 millones, sería de $800, que son cifras muy bajas. Pero si tomamos el monto global, con $300.000 millones en el programa Mi Casa se habrían podido otorgar cerca de 12.800 subsidios a hogares que ganan hasta dos salarios mínimos. Sería interesante que nosotros, como ciudadanos, conociéramos el desglose para justificar el valor de dicha consulta.
Bajar los salarios de los congresistas no garantiza la falta de corrupción e incluso un congresista con un menor sueldo podría estar más tentado a recibir dádivas y dineros que no le corresponden.
Para que la participación ciudadana por medio de audiencias públicas para tomar decisiones en cuanto a la inversión pública sea efectiva, requiere que quienes participen de ellas tengan las prioridades claras, un conocimiento mínimo sobre el manejo de presupuestos y que sus decisiones tengan principios éticos que no se vean favorecidos por intereses corruptos que podrían filtrarse en esas mismas audiencias.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, aclaró que “no hay devolución de recursos, no hay anticipos, ni reposición de votos”, que “los movimientos que promueven la consulta lo hacen sin ningún origen de los recursos del Estado” y “que hay un máximo de gastos de las entidades o partidos políticos que promueven la consulta, pero eso sale de sus bolsillos. No es financiado por el Estado”.
Si los recursos para la promoción (no para la ejecución) no son financiados por el Estado, ¿de dónde salen los recursos para la ejecución?
Más allá de la consulta, los corruptos en Colombia van a la cárcel por unos pocos años o se ven beneficiados de la prescripción de términos y luego salen felices a disfrutar el dinero que ha sido bien guardado gracias a terceros, diversas inversiones y cuentas en el exterior.
Si las personas que han estado involucradas en casos de corrupción fueran a la cárcel con penas ejemplarizantes y no pudieran obtener su libertad hasta que devolvieran todo el dinero, tendríamos una realidad diferente.
María Isabel Gómez Posada
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